La protección de la propiedad intelectual en el sector tecnológico ha sentado un nuevo precedente en la región tras la sanción impuesta a una empresa importadora por la reproducción no autorizada de diseños industriales pertenecientes a Sony Interactive Entertainment Inc. El caso, centrado en la estética de los periféricos de la consola PlayStation 5, concluyó con la intervención de un cargamento de hardware que imitaba las líneas de diseño protegidas por la marca japonesa.
El proceso legal se originó tras el arribo de un lote de 600 consolas que incluían un total de 1.200 controladores cuya apariencia reproducía el diseño industrial registrado por Sony. Tras una inspección técnica en almacenes aduaneros, las autoridades determinaron que, si bien la estructura de la consola importada presentaba variaciones suficientes para evitar una infracción directa, los mandos vulneraban los registros de diseño vigentes al generar una impresión visual casi idéntica a la de los originales.
Similitud técnica y resolución legal
El análisis de la autoridad regulatoria se enfocó en dos registros específicos de diseño industrial: el controlador para dispositivos electrónicos y el dispositivo electrónico principal. En cuanto a los mandos, la Comisión concluyó que el modelo importado mantenía una similitud sustancial en elementos clave como la forma del cuerpo, la disposición de los botones y la estructura frontal y posterior, lo que constituye una transgresión a la normativa de propiedad industrial.
La defensa de la empresa importadora argumentó diferencias menores en ángulos, texturas y combinaciones cromáticas. No obstante, el fallo determinó que estas variaciones no alteraban la percepción global del producto por parte del consumidor. La autoridad precisó que la protección legal no se limita a una combinación de colores específica, sino a la configuración formal y estructural del dispositivo, la cual fue reproducida sin autorización.
Consecuencias económicas y comerciales
Como resultado de la infracción, se impuso una multa calculada sobre el beneficio económico esperado de la mercancía. Aunque los productos no llegaron a comercializarse debido a la intervención oportuna en la aduana, la normativa establece que la sola importación de bienes que infringen diseños industriales registrados constituye una falta grave.
Además de la sanción pecuniaria, la resolución ordena la destrucción de los 1.200 controladores incautados y sus empaques, con el fin de garantizar que no ingresen al flujo comercial. Este caso subraya el rigor de las autoridades regionales frente a la proliferación de productos que buscan capitalizar el éxito de tecnologías establecidas mediante la imitación de su identidad visual y técnica.
