El gobierno boliviano enfrenta un escenario de fragilidad institucional marcado por la caída de las reservas internacionales, que actualmente se sitúan en poco más de 80 millones de dólares en efectivo, según datos del sector financiero. Esta restricción de liquidez coincide con una reactivación de los conflictos sociales y una derrota electoral en plazas clave durante los comicios autonómicos, lo que obliga al Ejecutivo a buscar nuevas alianzas parlamentarias para viabilizar su agenda económica.
La gestión de la crisis energética se ha convertido en el principal foco de desgaste para el gabinete. Tras un paro de transporte en La Paz y El Alto, la tensión se trasladó a la calidad de los carburantes. El presidente Rodrigo Paz evitó dar por cerrado el conflicto durante el fin de semana, una señal que precedió a la destitución del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El relevo en la estatal petrolera busca mitigar las críticas de sectores sociales, como la Federación Campesina Túpac Katari, cuyos dirigentes han increpado públicamente a los ministros de Economía e Hidrocarburos.
Presión fiscal y subsidios
El panorama económico se ve agravado por factores externos. El conflicto bélico en Medio Oriente ha elevado los precios internacionales del petróleo, lo que anula el impacto del recorte a la subvención de hidrocarburos decretado en enero. Según el analista Francesco Zaratti, el precio de la gasolina reajustado en la región por el contexto internacional equivale a 12,50 bolivianos por litro, una cifra que dista del precio congelado en el mercado interno.
Ante este escenario, las autoridades evalúan dos vías de acción: retomar las emisiones monetarias o aplicar nuevos incrementos en el valor de la gasolina y el diésel. El presidente del Banco Central ha sugerido la necesidad de monetizar una parte de las reservas en oro para obtener liquidez inmediata, mientras el país aguarda por inversiones en sectores estratégicos como la minería para revertir el declive energético.
Desafíos en el Legislativo
En el ámbito político, el oficialismo carece de una mayoría consolidada para aprobar los proyectos de ley económica anunciados recientemente por el presidente Paz. La fragmentación de las bancadas opositoras y el surgimiento de figuras críticas dentro de los movimientos sociales, como el senador Nilton Condori, dificultan la construcción de consensos. Condori ha convocado a un cabildo en El Alto para el 11 de abril, donde se prevé que organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) se sumen a demandas de austeridad estatal.
El Ejecutivo ha solicitado a las nuevas autoridades subnacionales electas que eviten la disputa política y se enfoquen en la coordinación de proyectos. Sin embargo, los resultados de las elecciones autonómicas sugieren que el control territorial del gobierno ha disminuido en regiones estratégicas, lo que complica la implementación de políticas nacionales en el corto plazo.
El país se encuentra en una transición crítica donde la ausencia de financiamiento externo formal, como el del Fondo Monetario Internacional (FMI), y la presión inflacionaria ponen a prueba la capacidad de respuesta del gabinete ministerial. Los próximos pasos del gobierno dependerán de su habilidad para articular una mayoría parlamentaria y contener el descontento social derivado de la situación económica.
