El gobierno admite retrasos en la aplicación de las nuevas medidas económicas

El gobierno boliviano reconoció este miércoles demoras en la implementación de las medidas económicas anunciadas recientemente, debido a retrasos administrativos en la publicación de normas y la falta de coordinación técnica con el sistema financiero. Entre las disposiciones paralizadas se encuentran el incremento del límite para pagos con tarjeta en el exterior, la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y la restitución del crédito fiscal por la compra de combustibles.

Julio Linares, viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, explicó que la demora en la vigencia de las leyes sancionadas por el Legislativo responde a un trámite administrativo. "Es un trámite que tendremos que hacerlo más rápido, parte del Estado tranca al que todos estamos acostumbrados", señaló la autoridad, quien precisó que las normas ya cuentan con numeración y solo resta su publicación en la Gaceta Oficial.

Obstáculos en el sistema bancario

Respecto al uso de tarjetas de débito y crédito para compras digitales y servicios internacionales, el gobierno había anunciado el lunes que el tope diario subiría de 100 a 500 dólares. Sin embargo, los usuarios reportaron que las restricciones persisten. Linares admitió que el proceso de normalización con las entidades bancarias debió concluir el martes, pero se extendió hasta este miércoles.

Por su parte, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que no puede aplicar los cambios sin la emisión previa de la normativa de aplicación por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Según la institución, este documento es el respaldo legal indispensable para que las entidades operen bajo las nuevas condiciones.

Cuestionamientos a la gestión administrativa

La falta de vigencia inmediata de las leyes de eliminación del ITF y del IVA para combustibles, sancionadas el 31 de marzo, generó críticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El diputado José Luis Porcel señaló una falta de coordinación entre el Ministerio de Economía, la ASFI y la banca privada, calificando la situación como una "negligencia burocrática" que afecta la seriedad de los anuncios oficiales.

En la misma línea, legisladores de la oposición advirtieron que la demora impacta en la credibilidad de las autoridades. La senadora Ana María Crispín cuestionó la dilatación en la promulgación de normas que ya cumplieron el ciclo legislativo, mientras que otros parlamentarios señalaron que los bancos requieren garantías sobre la disponibilidad de divisas para elevar los límites de gasto en el extranjero.

El viceministro Linares aseguró que el Ejecutivo agilizará los procesos pendientes para que las medidas sean efectivas en el transcurso de la semana, tras admitir que la administración debe mejorar la sincronización entre el anuncio político y la operatividad institucional.