Perú endurece controles contra el lavado de dinero en apuestas y casinos

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) de Perú oficializó este miércoles una nueva normativa que endurece los controles para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La regulación alcanza a empresas de juegos de casino, máquinas tragamonedas y, por primera vez, a las plataformas de juegos y apuestas deportivas a distancia que operan en territorio peruano.

La Resolución SBS Nº 01015-2026, firmada por el superintendente Sergio Espinosa Chiroque, establece obligaciones estrictas para el sector y define sanciones ante posibles incumplimientos. La norma es aplicable a todas las personas jurídicas autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), organismo que tendrá la responsabilidad de supervisar y sancionar a través de su Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas.

Identificación de clientes y fin del anonimato

El reglamento obliga a los operadores a implementar un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) adaptado a los riesgos de su actividad. Entre las medidas principales, las empresas deberán desarrollar políticas de debida diligencia para identificar a sus clientes, beneficiarios finales, directores y proveedores. Este control será reforzado en el caso de personas expuestas políticamente o individuos bajo investigación por delitos financieros.

Los operadores deberán gestionar un Registro de Operaciones (RO) para consignar transacciones relevantes, como el canje de fichas o el pago de premios, que superen los 2.500 dólares o su equivalente en moneda nacional. Estos registros deben conservarse por un periodo mínimo de cinco años y estar a disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) cuando sean requeridos.

La comunicación de operaciones sospechosas a la UIF-Perú será obligatoria y deberá realizarse en un plazo máximo de 24 horas tras la detección de la actividad. Para este fin, el uso de plataformas tecnológicas como el sistema ROSEL será mandatorio para el reporte electrónico de los datos recopilados por las casas de apuestas y casinos.

Sanciones y cumplimiento corporativo

El nuevo régimen sancionador define infracciones leves, graves y muy graves. Las multas por incumplimiento pueden alcanzar las ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que representa aproximadamente 44.000 soles para el año 2026. Las faltas más severas incluyen la omisión del reporte de operaciones sospechosas, no revisar las listas de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el incumplimiento del congelamiento de fondos dispuesto por la autoridad financiera.

La normativa también exige que los trabajadores y directores del sector reciban capacitaciones anuales documentadas sobre prevención de delitos desde su ingreso laboral. Además, los grupos económicos deberán designar oficiales de cumplimiento corporativos y desarrollar políticas de intercambio de información interna para fortalecer la vigilancia sobre las plataformas de juegos a distancia.

Con la entrada en vigencia de esta resolución, que deroga la normativa vigente desde 2016, Perú busca alinear su industria del juego con los estándares internacionales de transparencia financiera. La medida actualiza también los procedimientos administrativos para proveedores de servicios de activos virtuales, integrando nuevas figuras de riesgo en el ecosistema de apuestas digitales.