Un modelo social bajo presión
Suecia, reconocida históricamente por su robusto estado de bienestar y altos niveles de cohesión social, enfrenta crecientes desafíos internos. La presión migratoria y el aumento de la desigualdad en áreas urbanas han comenzado a erosionar la confianza en un modelo que fue admirado globalmente. La percepción de inseguridad y el ascenso de partidos de extrema derecha señalan una etapa de prueba para el país nórdico.
Datos oficiales indican un preocupante aumento de la violencia armada desde mediados de la década de 2000, con una aceleración posterior a 2013. Un estudio del Consejo de Prevención del Delito de Suecia (Brottsförebyggande rådet) señala que los hombres jóvenes, particularmente aquellos con padres nacidos en el extranjero, están sobrerrepresentados en las estadísticas de violencia callejera y crímenes graves. Entre las causas citadas por expertos se encuentran factores socioeconómicos como el desempleo, la segregación y la exclusión en barrios vulnerables, donde clanes criminales reclutan a menores de edad.
La postura del gobierno y la controversia
Desde 2022, Suecia es gobernada por una coalición de partidos de derecha con el apoyo parlamentario de la extrema derecha, una alianza que ha endurecido significativamente la política migratoria. En este contexto, el Ministro de Migración, Johan Forssell, ha adoptado una postura firme, criticando públicamente a los padres de jóvenes que cometen delitos y sugiriendo que deberían asumir responsabilidad penal por las acciones de sus hijos.
Sin embargo, la posición del ministro fue puesta en entredicho a mediados de este año. Una investigación de la revista Expo, que duró casi un año, reveló que el propio hijo adolescente de Forssell estaba presuntamente vinculado a grupos de extrema derecha. Según el informe, el joven participó en actividades del movimiento “Club activo de Suecia” (Aktiv Klubb Sverige) y mantuvo contacto con el “Movimiento de Resistencia Nórdica” (Nordiska motståndsrörelse), una organización que Estados Unidos ha calificado de terrorista.
La Inteligencia de Seguridad de Suecia (Säpo) considera que estos movimientos tienen conexiones con el extremismo violento y representan una amenaza para la seguridad nacional. La revelación generó un intenso debate público, ya que el ministro que exigía rendición de cuentas a otros padres enfrentaba una situación similar en su propio hogar.
Un debate sobre la justicia y la coherencia
El caso ha sido interpretado por críticos del gobierno como un ejemplo de moralización selectiva, donde la misma conducta es juzgada de manera diferente según la clase social o el origen de los involucrados. Mientras se proponen medidas punitivas para jóvenes de origen inmigrante en barrios vulnerables, las acciones de personas vinculadas a la élite política son enmarcadas como fallos individuales.
Esta controversia expone una fractura en la credibilidad de un gobierno que utiliza un discurso estricto para la criminalidad en sectores marginados, pero que se ve cuestionado cuando los problemas afectan a sus propias filas. La situación plantea una pregunta fundamental sobre la coherencia y la aplicación equitativa de la ley en una sociedad que, a pesar de sus tensiones, depende en gran medida de la contribución de la población inmigrante en sectores clave de su economía, desde la sanidad hasta los servicios.
