La organización no gubernamental Foro Penal, dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, anunció que presentará ante la Asamblea Nacional una lista detallada con 232 casos de personas detenidas por motivos políticos. La iniciativa tiene como propósito fundamental garantizar que estos ciudadanos sean incluidos en los beneficios de la Ley de Amnistía recientemente sancionada, evitando que queden al margen de las reparaciones legales tras el cambio de administración.
Alcance y limitaciones de la normativa
El documento técnico solicita una revisión profunda de los expedientes, dado que una parte significativa de los detenidos actuales permanece fuera del alcance de la amnistía establecida en el texto legislativo. La normativa, promulgada por la presidencia interina tras recibir la sanción parlamentaria, dispone la revisión inmediata de los casos vinculados a la confrontación política desde 1999, abarcando episodios de protestas sociales y procesos electorales críticos.
Sin embargo, la aplicación de la ley presenta restricciones técnicas. La legislación limita su ejercicio a trece coyunturas políticas específicas, lo que, en la práctica, excluye arrestos ocurridos en quince de los veintisiete años que abarca el periodo de la norma. Según estimaciones de Foro Penal, al menos 400 presos políticos podrían continuar encarcelados debido a estas limitaciones, mientras que aproximadamente 300 cumplirían con los requisitos para su liberación inmediata.
Un proceso de transición en curso
A pesar de los avances, la dirección de Foro Penal advirtió que la amnistía es solo un paso en un escenario donde aún persiste una estructura de control estatal. No obstante, destacaron que el beneficio legal no debe considerarse un requisito indispensable para las excarcelaciones, defendiendo la continuidad del proceso iniciado a principios de año por el gobierno encargado. Hasta mediados de febrero, la organización ha verificado la liberación de 448 personas.
En este contexto, la Asamblea Nacional ha constituido una comisión especial encargada de supervisar la implementación de la ley. El órgano legislativo busca organizar el seguimiento por áreas técnicas e informar a la ciudadanía sobre los procedimientos requeridos. La normativa estipula que los beneficiarios deben comparecer ante las autoridades, aunque se han establecido garantías para los ciudadanos en el exilio, quienes podrán ser representados por abogados sin riesgo de detención durante el trámite administrativo.
Este movimiento legal se produce en un clima de recomposición institucional en Venezuela, marcado por procesos judiciales internacionales y una reestructuración de los poderes públicos que busca cerrar capítulos de conflicto interno que se han extendido por más de dos décadas.
