El abogado José Domingo Pérez, quien asumió este lunes la defensa legal del expresidente peruano Pedro Castillo, respaldó la posibilidad de un indulto como una vía política para obtener la libertad de su patrocinado. Castillo cumple actualmente una condena de 11 años y cinco meses de prisión tras ser hallado culpable por el intento de disolución del Congreso y la intervención de los poderes del Estado el 7 de diciembre de 2022.
Pérez, quien fue recientemente destituido de su cargo como fiscal anticorrupción, sostuvo que el proceso judicial contra el exmandatario careció de garantías básicas. Según el jurista, durante el juzgamiento que derivó en la condena, no se permitió a Castillo elegir a su propio abogado y se le impuso un defensor público, lo que calificó como una decisión arbitraria que vulneró el derecho a la defensa.

El defensor explicó que el propio Castillo le solicitó comunicar su interés en sumar apoyos a un proyecto político que facilite su excarcelación. Pérez señaló que diversos candidatos a la presidencia en Perú coinciden en la necesidad de una solución política para este caso. Aunque precisó que su labor es técnica, admitió que si desde la esfera política se toma la decisión de otorgar un indulto, él acompañará ese proceso como parte de su estrategia.
Cuestionamientos al proceso judicial
En sus primeras declaraciones como defensa de Castillo, Pérez afirmó que el expresidente es un preso político y que se encuentra secuestrado por la justicia, términos que, según dijo, el propio exmandatario le pidió utilizar ante la opinión pública. El abogado argumentó que el orden constitucional en Perú no se rompió durante los eventos de diciembre de 2022, contradiciendo la sentencia judicial vigente.
De acuerdo con Pérez, la posición sobre lo ocurrido aquel día debe ser examinada nuevamente por jueces de segunda instancia. El abogado sostuvo que el juicio estuvo plagado de irregularidades y que su objetivo inmediato es analizar los alcances del proceso para adecuar una estrategia legal que permita revertir la situación de encierro del exgobernante.
Trayectoria y situación administrativa del defensor
José Domingo Pérez integró anteriormente el Equipo Especial Lava Jato, donde lideró investigaciones de alto perfil. Durante su gestión como fiscal, obtuvo una condena de 20 años de prisión contra el expresidente Alejandro Toledo por delitos de colusión y lavado de activos. También presentó acusaciones contra los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski y la actual candidata presidencial Keiko Fujimori.
Actualmente, Pérez enfrenta una suspensión de seis meses impuesta por la Autoridad Nacional de Control por presuntas infracciones administrativas graves cometidas durante el caso contra Fujimori. Asimismo, la Junta Nacional de Justicia decidió en marzo pasado no ratificarlo en su cargo tras evaluar un informe que recomendaba su destitución definitiva del Ministerio Público.