El Gobierno de Nicaragua ha consolidado desde inicios de 2024 una política de restricciones sistemáticas sobre las celebraciones públicas de Semana Santa. Esta medida, que se ha extendido por tres años consecutivos, ha derivado en la cancelación de más de dos mil procesiones anuales, transformando profundamente el ejercicio de la fe en el país centroamericano.
De acuerdo con investigaciones documentadas por organismos de derechos humanos y especialistas en temas eclesiásticos, entre 2023 y 2026 se han registrado más de 22.000 prohibiciones de actos religiosos vinculados a la Cuaresma y la Semana Santa. Esta tendencia evidencia un patrón de represión estatal que afecta a la Iglesia Católica en todas las jurisdicciones del territorio nicaragüense.
La ofensiva contra la institución religiosa se intensificó tras la crisis social de 2018. En aquel año, diversos líderes católicos ofrecieron refugio en los templos a manifestantes que eran perseguidos por las fuerzas gubernamentales. Desde entonces, la relación entre el Estado y la Iglesia se ha fracturado, registrándose cerca de 971 agresiones directas contra la comunidad católica, que incluyen desde profanaciones hasta una vigilancia policial constante sobre las actividades de las parroquias.
Vigilancia extrema y despliegue policial
Para el ciclo litúrgico de 2026, la cifra de actos cancelados ascendió a 5.726. La estrategia oficial no se limita únicamente a la notificación administrativa del veto; se ha reportado el despliegue de entre 13.000 y 14.000 agentes de la Policía Nacional en los alrededores de los templos para garantizar el cumplimiento de las restricciones. Este despliegue busca impedir que las imágenes religiosas salgan a las calles, obligando a los fieles a realizar los ritos exclusivamente en el interior de los recintos.
El impacto de estas medidas ha sido especialmente severo en regiones como Matagalpa, donde el 70% del clero ha tenido que abandonar el país tras la detención y posterior exilio de sus autoridades eclesiásticas. La prohibición abarca festividades emblemáticas como el Domingo de Ramos, el Vía Crucis penitencial y celebraciones tradicionales que forman parte de la identidad cultural del país.
Un éxodo forzado y condena internacional
Desde el inicio de la crisis en 2018, al menos 309 religiosos han sido expulsados o forzados al exilio, incluyendo obispos, sacerdotes y religiosas. A esta cifra se suma la cancelación de la personería jurídica de más de 1.500 organizaciones vinculadas a la Iglesia y el cierre de unas 1.650 entidades religiosas, lo que ha debilitado la estructura social y caritativa de la institución.
La comunidad internacional ha calificado la situación de la libertad religiosa en Nicaragua como crítica. Organismos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado abusos sistemáticos, mientras que el Departamento de Estado de EE.UU. mantiene al país en su lista de especial preocupación. A pesar de las cifras documentadas, observadores advierten que el número real de restricciones podría ser significativamente mayor, debido a que muchas parroquias optan por el silencio ante el temor a represalias estatales.
