La Corte Suprema de Estados Unidos propinó un golpe contundente a la estrategia comercial de Donald Trump al anular los aranceles de amplio alcance que su administración había impuesto a la mayoría de los socios comerciales del país. En un fallo de seis votos contra tres, el tribunal dictaminó que el uso de una ley de poderes de emergencia para promulgar gravámenes comerciales es inválido, marcando un límite estricto a la autoridad presidencial en materia económica.
El núcleo del litigio se centró en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA). Aunque esta norma permite al presidente bloquear transacciones o confiscar activos durante crisis nacionales, la mayoría de los magistrados coincidió en que no otorga facultades para imponer aranceles. El presidente del tribunal, John Roberts, señaló en la opinión mayoritaria que el hecho de que ningún mandatario anterior hubiera invocado tales poderes en la IEEPA es una prueba clara de que dicha autoridad no existe.
Equilibrio de poderes y recaudación
El fallo subraya que la Constitución otorga de manera explícita al Congreso, y no al Ejecutivo, la facultad de imponer impuestos y aranceles. Esta decisión deja en el aire el destino de más de 133.000 millones de dólares que el Tesoro ya ha recaudado bajo esta premisa legal. Si bien varias corporaciones y cadenas de suministro han iniciado procesos legales para recuperar esos fondos, el tribunal no especificó si se procederá a realizar reembolsos masivos, un proceso que algunos magistrados calificaron como un potencial caos administrativo.
Durante su mandato, Trump justificó estas medidas alegando que el déficit comercial y la crisis de fentanilo en las fronteras constituían emergencias nacionales. Bajo este argumento, impuso gravámenes de hasta el 50% a productos de diversas naciones y un arancel base del 10% a casi todas las importaciones restantes. No obstante, el alto tribunal desestimó la noción de que el desequilibrio comercial pueda categorizarse bajo los supuestos de emergencia que prevé la ley de 1977.
Perspectivas futuras
A pesar del fallo, no todos los aranceles vigentes se verán afectados. Aquellos que fueron impuestos bajo otras justificaciones legales —como los aplicados al acero, el aluminio y ciertos bienes industriales— permanecen intactos. Sin embargo, la decisión limita significativamente la capacidad de la Casa Blanca para actuar de forma unilateral en el escenario del comercio global sin el aval legislativo previo.
Trump reaccionó con dureza a la sentencia, calificándola como una afrenta a la soberanía económica y prometiendo buscar vías alternativas. Entre sus planes figura la implementación de impuestos temporales de 150 días, el máximo permitido por otras leyes federales, con la intención de presionar al Congreso para que los convierta en permanentes. Por su parte, sectores empresariales y grupos de importadores celebraron la medida, argumentando que los aranceles ilegales habían forzado a muchas compañías a congelar inversiones y agotar sus ahorros operativos.
