El Estado nacional de Argentina se consolidó en 2024 como el principal generador de litigios en el país, tras alcanzar un récord histórico de recursos judiciales presentados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según un informe del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) difundido este lunes, la actividad litigiosa estatal amenaza con desbordar la capacidad operativa del máximo tribunal y ha generado un pasivo económico superior a los 2.100 millones de dólares.
El estudio, titulado "La industria del juicio. El Estado Nacional como la mayor fábrica de litigios del país", se basó en el Anuario Estadístico 2024 de la Corte Suprema. Durante el último año, ingresaron 45.678 planteos ante la instancia federal, lo que representa un incremento del 41% respecto a 2023. El sector público fue responsable del 56% de estas causas, impulsadas principalmente por conflictos previsionales relacionados con jubilados y pensionados.
El impacto de la seguridad social en el sistema judicial
Dentro del universo de litigios estatales, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) representó el 91,6% de los conflictos. Si se incluyen los organismos previsionales militares, la cifra asciende al 94% del total de las causas iniciadas por el Estado. El informe destaca que el volumen de recursos presentados por la ANSES en 2024 fue equivalente a la totalidad de los recursos judiciales interpuestos por el conjunto de la ciudadanía argentina durante el año 2019.
"Parece existir una política pública orientada a trasladar costos temporales y económicos al justiciable y al Poder Judicial y diferir los pagos a los gobiernos posteriores", señalaron los autores del estudio, los abogados Marcelo de Jesús y María de los Ángeles De Seta Acosta. Esta dinámica ha provocado que, entre 2020 y 2024, ingresaran casi 150.000 recursos, de los cuales el tribunal solo pudo resolver 87.000, dejando un remanente de 62.000 causas pendientes.
Consecuencias presupuestarias y distorsión institucional
El pasivo acumulado, calculado sobre los presupuestos nacionales entre 2022 y 2026, asciende a más de tres billones de pesos. De acuerdo con FORES, esta cifra representa un compromiso financiero que los futuros gobiernos deberán afrontar. El flujo de expedientes, impulsado mayoritariamente por el Estado, supera la capacidad humana y material de la Corte Suprema para dar respuestas en tiempos razonables.
El informe advierte que el rol constitucional de la Corte Suprema como intérprete último de la Constitución se está desdibujando. El tribunal se ha convertido, en la práctica, en un revisor de expedientes administrativos masivos, lo que retrasa el tratamiento de asuntos de alta relevancia institucional para la sociedad argentina. Pablo Pirovano, presidente de FORES, ya había alertado en enero sobre cómo la litigiosidad previsional consume recursos escasos y distorsiona las funciones del Poder Judicial.
Como solución, el foro propuso un cambio de paradigma hacia un "Estado resolutivo". Esta propuesta incluye la creación de desincentivos a la litigiosidad abusiva y busca que los conflictos previsionales se resuelvan en sede administrativa. El objetivo final es evitar que las controversias lleguen innecesariamente a las instancias judiciales superiores y recomponer la confianza en las instituciones del país.
