La Fiscalía General de la Nación de Colombia decidió el lunes mantener suspendida la orden de captura contra Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá, por un periodo adicional de 15 días. La resolución se tomó tras una reunión entre delegados de la Alta Consejería para la Paz y representantes del Gobierno nacional que finalizó sin un acuerdo definitivo sobre la situación jurídica del cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc.
El ente acusador informó que el análisis sobre la condición de Díaz continuará en una próxima mesa de trabajo. La prórroga ocurre ante la sospecha de que el líder insurgente habría incurrido en delitos graves mientras ejercía funciones como negociador en los diálogos de paz. Según la Fiscalía, existen evidencias recientes que vinculan a Díaz con actividades ilícitas cometidas con posterioridad a su designación oficial como vocero en la mesa de negociación.
Los hallazgos surgieron a partir de un análisis técnico de dispositivos electrónicos incautados el 23 de julio de 2024, durante un retén en Anorí, Antioquia, donde el líder armado fue interceptado. La información extraída de estos equipos llevó al organismo judicial a advertir sobre posibles conductas criminales persistentes por parte de Díaz, quien se separó de las estructuras comandadas por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco.
Nueva metodología de verificación
Durante el encuentro entre la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, y el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, se acordó el diseño de un nuevo método para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los negociadores de grupos armados ilegales. El objetivo de esta medida es garantizar que la suspensión de las órdenes de captura solo permanezca vigente si no se detectan violaciones a la voluntad de paz manifestada por los delegados.
Este proceso de supervisión se fundamenta en la Ley 2272 de 2022 y en los lineamientos de la Corte Constitucional colombiana. La Fiscalía señaló que la revisión de estos casos se realizará de forma periódica y vinculará a las instituciones cuya misión esté relacionada con la seguridad y el orden público. La entidad busca asegurar que los beneficios jurídicos otorgados en el marco de los diálogos no sean utilizados para encubrir actividades delictivas en curso.
Líneas de investigación y delitos imputados
La investigación derivada de los dispositivos electrónicos vincula a alias Calarcá con la muerte de un defensor de derechos humanos, el reclutamiento de menores, la continuidad de enfrentamientos armados y el ejercicio de presión contra comunidades rurales. Estos elementos motivaron la advertencia de una posible reactivación de los procesos judiciales en su contra si se comprueba el incumplimiento de las condiciones pactadas con el Estado colombiano.
Para profundizar en el caso, la autoridad judicial estableció cinco líneas de investigación prioritarias con alcance nacional. Estas indagaciones buscan determinar la posible cooptación de agentes de inteligencia y miembros del Ejército Nacional por parte de las disidencias, así como identificar amenazas a la seguridad nacional y presunta financiación ilícita de campañas políticas.
Finalmente, las autoridades investigan la existencia de alianzas entre diversos actores ilegales y la creación de empresas de vigilancia privada que estarían al servicio de estructuras criminales. El futuro jurídico de Alexander Díaz dependerá de los resultados que arrojen estas pesquisas en las próximas dos semanas, término en el cual la Fiscalía deberá definir si reactiva las órdenes de aprehensión.
