El Ministerio Público ha emitido una orden de aprehensión contra la exejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades administrativas y financieras durante su gestión. Los cargos presentados incluyen contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La medida judicial, fechada esta semana, instruye a la Policía Boliviana proceder con la captura y conducción de la exautoridad para que responda por las denuncias vinculadas a un proyecto de infraestructura en el departamento de Tarija. Según el Viceministerio de Transparencia, el daño económico estimado al erario público superaría los 10 millones de bolivianos.
Irregularidades en la adjudicación de terrenos
La investigación se centra en dos pilares fundamentales. El primero corresponde a la adquisición del terreno para el edificio institucional. Los informes técnicos indican que, pese a contar con una propuesta de 1,8 millones de bolivianos, la administración de Serrudo optó por adjudicar la compra a un segundo proponente por un monto de 2,7 millones de bolivianos. Esta decisión ha generado sospechas sobre un posible direccionamiento del proceso para favorecer a intereses particulares.
Sobreprecios en la ejecución de obra
El segundo eje del caso analiza los costos de construcción del proyecto, cuya inversión total alcanzó los 23 millones de bolivianos. La auditoría preliminar resalta una desproporción significativa en los costos por metro cuadrado: mientras que los estándares para obras civiles de características similares se sitúan en torno a los 300 dólares, el proyecto de la Aduana fue aprobado con una estimación cercana a los 1.000 dólares por metro cuadrado.
Este proceso judicial se suma a los esfuerzos de fiscalización sobre el manejo de recursos estatales en entidades estratégicas. La justicia boliviana deberá determinar ahora el grado de responsabilidad de la exfuncionaria y de otros posibles implicados en la aprobación de estos presupuestos.
