La contienda por la Vicegobernación del departamento de Santa Cruz se ha consolidado como uno de los pilares más determinantes de la actual coyuntura electoral. En un escenario de creciente polarización, la disputa entre Paola Aguirre, representante de la agrupación Libre, y Dianey Caba, compañera de fórmula de Otto Ritter, trasciende la mera competencia por los votos para adentrarse en un debate sobre la ética política y el ejercicio real del poder en la estructura autonómica.
Aguirre, quien acompaña la candidatura de Juan Pablo Velasco, ha fundamentado su estrategia en la diferenciación respecto a las estructuras tradicionales. Durante su reciente intervención pública, la candidata enfatizó que su campaña ha operado bajo criterios de austeridad financiera, priorizando el desarrollo de propuestas técnicas sobre el despliegue publicitario masivo. Según explicó, su plan de gobierno se sustenta en el trabajo de equipos multidisciplinarios especializados en planificación, gestión pública y medioambiente.
Tensiones políticas y coherencia de gestión
El tránsito hacia la segunda vuelta electoral ha intensificado las fricciones entre las fuerzas en pugna. Aguirre ha cuestionado abiertamente los acuerdos políticos de última hora, sugiriendo que tales alianzas podrían comprometer la coherencia administrativa en una futura gestión. Para la candidata, la legitimidad del cargo de Vicegobernador no solo reside en el mandato popular, sino en la capacidad de mantener una línea política consistente frente a los sectores que previamente fueron calificados de ineficientes por sus actuales aliados.
En esta ocasión, la estructura institucional cruceña garantiza que, por segunda vez, una mujer asuma la Vicegobernación. Sin embargo, este avance en la paridad de género plantea desafíos específicos. Aguirre sostiene que la presencia femenina en espacios de decisión debe ir acompañada de una revalorización sustancial del cargo, evitando que la figura de la Vicegobernación sea percibida como una posición meramente simbólica o decorativa.
Hacia una gestión de consensos y meritocracia
En el ámbito de la administración pública, la propuesta de la candidata de Libre se inclina por la implementación de la meritocracia. El objetivo planteado es profesionalizar las reparticiones estatales departamentales, incorporando perfiles con trayectoria probada para alejarse del clientelismo político. Esta visión busca responder a una demanda ciudadana por una gestión técnica y transparente.
Finalmente, Aguirre ha trazado como prioridad la articulación política dentro de la Asamblea Legislativa Departamental. Ante la posibilidad de un legislativo fragmentado, la candidata propone un rol activo en la construcción de consensos que aseguren la gobernabilidad sin descuidar las demandas sociales. El enfoque, asegura, debe ser de cogobierno con el titular del Ejecutivo, con el fin de evitar las crisis internas y tensiones institucionales que han obstaculizado gestiones anteriores en el departamento.
