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La Cámara de Diputados inicia proceso disciplinario contra legisladora por presuntas faltas al reglamento

El presidente de la Cámara de Diputados anunció medidas administrativas contra la diputada Diana Romero tras detectar irregularidades en la gestión de sus permisos y cuestionó el ausentismo parlamentario.
La información proporcionada no contiene texto para reescribir.

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, informó la apertura de un proceso disciplinario contra la diputada Diana Romero. La medida responde a presuntas irregularidades en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de permisos de la instancia legislativa, un hecho que ha puesto nuevamente bajo escrutinio la conducta administrativa de los asambleístas.

Castro Salazar expresó su preocupación por lo que considera un déficit de compromiso con las responsabilidades inherentes al cargo. Según la autoridad, la situación actual refleja una gestión deficiente de las obligaciones legislativas, calificando de lamentable el descuido de las funciones parlamentarias en un contexto de alta carga laboral para la institución.

Cuestionamientos al ausentismo y la ética legislativa

El titular de la Cámara Baja extendió sus críticas a otros legisladores que permanecen fuera del país por periodos prolongados sin una justificación clara vinculada a sus funciones. Castro Salazar sugirió que aquellos parlamentarios que priorizan sus estancias en el exterior deberían considerar la renuncia a sus mandatos para actuar estrictamente como ciudadanos y no bajo la investidura de autoridades estatales.

“Como autoridades, esta situación nos genera un grave perjuicio de imagen institucional”, señaló el presidente, subrayando la contradicción ética que supone percibir un salario público sin ejercer una participación activa en las labores legislativas. El legislador enfatizó que estas acciones son observadas con rigor por la sociedad civil, afectando la credibilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Finalmente, Castro Salazar apeló al principio de transparencia y rendición de cuentas, asegurando que el proceso contra la diputada Romero seguirá los cauces institucionales correspondientes para determinar la magnitud de las faltas y las sanciones aplicables.

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