El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, ha interpuesto una Acción de Protección de Privacidad contra Jaime Soliz, un antiguo colaborador de su administración. El recurso legal, que ha sido admitido por la Sala Constitucional Segunda de La Paz, marca el inicio de un proceso judicial que, según expertos y el propio demandado, podría sentar un precedente sobre los límites de la fiscalización ciudadana y la libertad de expresión en el país.
La controversia se originó tras las declaraciones públicas de Soliz, quien se desempeñó como director en la Vicepresidencia por un breve periodo. Soliz sugirió públicamente que el mandatario debería someterse a una valoración psicológica, una opinión que Lara considera una vulneración a su esfera privada. La audiencia para dirimir este conflicto ha sido programada para el próximo 24 de febrero bajo una modalidad virtual.
El debate sobre el escrutinio público
Soliz, quien se alejó de su cargo tras manifestar discrepancias con la gestión y el entorno cercano del vicepresidente, defendió su postura argumentando que sus palabras no constituyen la divulgación de un historial clínico, sino una opinión ciudadana. “No estoy exponiendo ningún tipo de estudio clínico psicológico, simplemente sostengo que necesita una valoración, como lo puede decir cualquier ciudadano”, afirmó el exfuncionario a través de un video difundido recientemente.
El equipo legal del demandado sostiene que el cargo de vicepresidente conlleva, de manera intrínseca, una exposición permanente al escrutinio público y una obligación de transparencia que debería primar sobre las pretensiones de privacidad en temas que afecten el ejercicio de la función pública.
Implicaciones para la libertad de prensa
La defensa de Soliz advierte que un fallo favorable a Lara representaría un riesgo sistémico para la libertad de expresión en Bolivia. Según su análisis, este tipo de procesos judiciales podrían ser utilizados como herramientas de censura contra voces críticas, afectando especialmente la opinión que se manifiesta a través de nuevas tecnologías y plataformas digitales.
“Si el tribunal fallara en mi contra, cualquier persona que se anime a criticar podría ser censurada”, señaló Soliz, subrayando que este caso podría entrar en contradicción con pactos internacionales de derechos humanos a los que Bolivia está adscrita. El desenlace de la audiencia de febrero será fundamental para definir si las críticas hacia la aptitud de los altos mandatarios quedan protegidas bajo el derecho a la libre expresión o si pueden ser sancionadas como intrusiones a la privacidad.
