El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mantiene en la incertidumbre el ejercicio de la fiscalización parlamentaria en Bolivia. A pesar del tiempo transcurrido, el fallo que suspendió las facultades de la Asamblea Legislativa para interpelar a los ministros del Órgano Ejecutivo aún no ha sido asignado a un magistrado relator, lo que prolonga el bloqueo de uno de los principales mecanismos de control político previstos en la Constitución.
La parálisis institucional responde a una medida cautelar dictada por una sala constitucional en La Paz, la cual ha impedido que el primer poder del Estado ejerza su derecho de control sobre el gabinete ministerial. Según fuentes oficiales del tribunal, el expediente se encuentra actualmente en un proceso de redistribución tras la salida de autoridades judiciales y el hallazgo de una mora procesal que supera las 2.000 causas pendientes.
Retrasos administrativos y crisis de fiscalización
El proceso para resolver de fondo esta controversia constitucional podría extenderse aún más. Se estima que el sorteo para designar a un magistrado relator se concrete en un plazo de dos a tres meses. Solo a partir de ese momento se iniciará el análisis técnico que determinará si la Asamblea puede o no retomar sus funciones de fiscalización directa mediante interpelaciones.
Esta situación ha dejado al Poder Legislativo en un estado de vulnerabilidad operativa. El último antecedente de este mecanismo de control data del 27 de junio de 2023, cuando la Asamblea censuró a un ministro que, poco después, fue restituido en su cargo por el presidente de la República. Desde aquel episodio, han transcurrido dos años y cuatro meses sin que ninguna de las cámaras legislativas haya podido activar nuevos actos interpelatorios.
Un blindaje al Órgano Ejecutivo
La vigencia de esta medida cautelar ha derivado, en la práctica, en un blindaje judicial para los titulares de diversas carteras de Estado. Ministros de áreas críticas como Economía, Gobierno, Salud, Hidrocarburos y Justicia, entre otros, han evitado comparecer ante el pleno legislativo alegando derechos fundamentales para esquivar las convocatorias parlamentarias.
Ante el vacío de control, desde el Senado se ha intentado impulsar proyectos de ley orientados a restituir esta atribución constitucional. Sin embargo, estas iniciativas no han logrado avanzar en el proceso legislativo, dejando la resolución del conflicto exclusivamente en manos de un tribunal que, por ahora, prioriza la reorganización de su abultada carga procesal por encima de la resolución de la crisis de contrapesos del Estado.
