La salud financiera del sector público empresarial en Bolivia atraviesa un momento crítico. De acuerdo con un informe de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de Empresas Estatales (OFEP), 64 de las 67 empresas públicas del país registran pérdidas económicas, dejando un margen de apenas tres entidades —YPFB, ENDE y Comibol— con saldos operativos positivos, aunque estas últimas aún se encuentran distantes de los estándares internacionales de eficiencia.
El diagnóstico técnico revela que el déficit acumulado de estas compañías supera los 8.000 millones de bolivianos. Según las autoridades del sector, este monto representa una oportunidad perdida de inversión que podría haber transformado sectores estratégicos de la economía nacional de haberse administrado bajo criterios de rentabilidad y eficiencia. El informe identifica además que 14 de estas empresas se encuentran en estado de quiebra técnica, lo que implica que sus pérdidas han erosionado por completo el capital de inversión inicial.
Casos críticos y fallas en la gestión
Entre las unidades productivas en situación más delicada destacan la azucarera San Buenaventura, la ensambladora Quipus, Papelbol y la Empresa de Servicios Aéreos Bolivianos. Este último caso es ilustrativo de la crisis administrativa: la compañía, que inició operaciones con un patrimonio de 52 millones de bolivianos, ha registrado pérdidas por 47 millones hasta la fecha. Actualmente, dos helicópteros destinados a emergencias y rescates permanecen inactivos por falta de mantenimiento y recursos, una situación que las autoridades actuales atribuyen a la gestión de administraciones previas.
El informe de la OFEP también cuestiona la lógica de creación de estas firmas, señalando que proyectos como Quipus y Papelbol fueron concebidos para satisfacer el consumo interno gubernamental en lugar de responder a una demanda de mercado real. Esta estructura derivó en una burocracia estatal sin resultados productivos tangibles y en un trato preferencial frente al sector privado, incluyendo periodos de gracia de hasta 13 años para el pago de créditos estatales.
Hacia una reestructuración fiscal
Más allá de los balances operativos, analistas económicos advierten que el problema es de arquitectura institucional. Evaluaciones internacionales sobre la gestión del gasto público sugieren que Bolivia solo cumple con el 52% de los indicadores básicos de eficiencia presupuestaria. Las mayores debilidades se concentran en la estrategia fiscal, la confiabilidad del presupuesto y el control externo, lo que subraya la necesidad de transitar hacia un modelo de "Estado estratégico" en lugar de uno basado en ajustes improvisados.
Ante este escenario, el Gabinete de Ministros recibirá el diagnóstico integral para definir el futuro de cada entidad. Se ha anunciado la realización de auditorías integrales destinadas a determinar daños económicos y posibles responsabilidades legales. Las autoridades han comprometido la apertura de estos datos a investigadores y periodistas en los próximos días, bajo la premisa de que la prioridad actual debe ser la preservación de los recursos públicos y la sostenibilidad financiera a largo plazo.
