Bolivia atraviesa un punto de inflexión determinante para su futuro financiero. Tras el agotamiento de un modelo económico de casi dos décadas, el Estado busca oxígeno mediante la gestión de créditos internacionales que ascienden a más de 8.000 millones de dólares. Sin embargo, el debate en los pasillos de la Asamblea Legislativa Plurinacional ha comenzado a virar de la cuantía del endeudamiento hacia la eficacia de su destino: la inversión en el capital humano femenino se perfila como la estrategia más viable para la estabilización nacional.
La incorporación de la mujer al mercado laboral no es una cuestión meramente social, sino un imperativo macroeconómico. Datos históricos reflejan que, en las primeras décadas del siglo XXI, la participación femenina fue responsable de un tercio de la reducción de la pobreza extrema en la región. En el contexto boliviano, donde la mujer ha fungido históricamente como amortiguadora de crisis, omitir políticas de género en la administración de nuevos recursos financieros podría representar un error de cálculo estratégico.
Pilares para una transformación estructural
Para que el flujo de capital externo se traduzca en desarrollo sostenible, es necesaria la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados. La construcción de infraestructura para la atención de infantes y adultos mayores permitiría liberar miles de horas de trabajo no remunerado que hoy recaen sobre las mujeres, permitiendo su reinserción plena en la economía formal.
Asimismo, la democratización del capital es fundamental. El enfoque debe centrarse en créditos con visión de género destinados a microempresas lideradas por mujeres, sectores que reportan mayores tasas de retorno y una reinversión directa en salud y educación familiar. Esto requiere la creación de fondos de garantía soberanos que eliminen la barrera del patrimonio, a menudo inexistente para la emprendedora boliviana, permitiéndole acceder a financiamiento productivo real.
En sectores estratégicos como la energía y la minería, los permisos de inversión deberían estar condicionados a programas de formación técnica femenina. Por otro lado, la tecnificación y digitalización del comercio minorista —un sector mayoritariamente femenino— se presenta como una vía urgente para formalizar y potenciar el talento de la mitad de la población.
Seguridad jurídica y desafíos institucionales
La estabilidad económica es inseparable de la seguridad física y jurídica. Actualmente, normativas contra la violencia de género, como las leyes 348 y 243, carecen de presupuestos operativos suficientes y son vulnerables a un sistema judicial que, en ocasiones, desvirtúa su propósito original. Sin un blindaje normativo y una inversión real en prevención, cualquier plan de desarrollo carecerá de la solidez necesaria para perdurar en el tiempo.
No obstante, las señales iniciales del actual ciclo político generan preocupación. La participación femenina en el Órgano Ejecutivo ha retrocedido a niveles comparables con la década de los 90, con instancias institucionales que parecen desconectadas de la estrategia central del Gobierno. Persiste una visión asistencialista que relega el apoyo a la mujer a programas aislados, en lugar de integrarla como el eje de la planificación estatal.
La recuperación de Bolivia en los próximos años no dependerá exclusivamente de la explotación de recursos extractivos. El éxito del país estará ligado a la capacidad del Estado para formalizar y potenciar el talento femenino, reconociendo que la mayor ventaja competitiva de la nación reside en la integración plena de sus ciudadanas al motor económico.
