El Comité de Defensa del Productor (Codepro) manifestó una postura de rechazo frente a la reciente promulgación del Decreto Supremo 5547, el cual establece un arancel cero para la importación de grano de soya. La organización, que agrupa a pequeños y medianos productores, sostiene que esta disposición compromete la estabilidad financiera del sector y exige al Gobierno nacional la apertura de una mesa de diálogo técnico para evaluar las implicaciones de la medida.
Desde la perspectiva de los agricultores, la actividad productiva en el país enfrenta desafíos estructurales vinculados a factores climáticos, plagas y la volatilidad en el costo de los insumos. En un comunicado oficial, Codepro subrayó que los productores locales asumen riesgos considerables para garantizar el abastecimiento alimentario, por lo que consideran imperativo contar con políticas que aseguren precios justos y compensen el esfuerzo del sector.
Excedentes y soberanía alimentaria
Uno de los argumentos centrales del sector es la capacidad actual de la producción nacional. Según datos de la organización, la cosecha local no solo cubre la totalidad de la demanda interna, sino que genera un excedente cercano al 80% destinado a la exportación. En este contexto, la implementación de un arancel cero para la importación es percibida como una medida injustificada que introduce incertidumbre en los mecanismos de fijación de precios, uno de los pilares más sensibles de la cadena productiva.
Los productores recordaron los efectos negativos derivados de la importación desregulada de otros productos, como el arroz, que en su momento provocó una caída abrupta de los precios internos y pérdidas económicas significativas. Advierten que la soya podría seguir un curso similar, distorsionando el mercado local al enfrentarse a competidores extranjeros que operan bajo sistemas altamente tecnificados y cuentan con un acceso más amplio a la biotecnología.
Propuestas para la competitividad
Como alternativa al incentivo de la importación, el Comité planteó al Ejecutivo una serie de medidas destinadas a fortalecer la competitividad interna sin vulnerar el mercado doméstico. Entre las propuestas destacan la aplicación de arancel cero para insumos agrícolas, la agilización de marcos regulatorios para el uso de biotecnología y el fomento a la tecnificación del agro.
Finalmente, el sector productivo presentó un pliego de seis puntos que incluye la revisión del decreto y la garantía de protección frente a las distorsiones del mercado internacional. La organización enfatizó que cualquier decisión que afecte la estructura productiva debe ser consensuada con los actores involucrados, advirtiendo que, de no establecerse un espacio de negociación, podrían iniciarse medidas de presión en el corto plazo.
