Este 21 de febrero se cumplen diez años de un hito que transformó la trayectoria política contemporánea de Bolivia: el referéndum constitucional de 2016. Aquella jornada, en la que el 51,3% de la población votó por el "No", impidió la modificación del artículo 168 de la Constitución, cerrando la puerta a una nueva postulación de Evo Morales. Hoy, una década después, el evento es recordado por diversos sectores como el punto de inflexión que frenó el avance de un modelo de poder concentrado y dio inicio a una etapa de fragmentación política.
El peso de la limitación del poder
El expresidente Carlos Mesa se pronunció sobre la efeméride destacando que la salud de una democracia depende directamente de los mecanismos que restringen el mandato de quienes gobiernan. Según Mesa, el resultado de aquel referéndum representó el comienzo del fin del gobierno de Morales y un recordatorio necesario sobre la importancia de la alternancia. Para el exmandatario, la lección del 21F reside en la defensa de las instituciones que impiden la perpetuación en el cargo, un sentimiento compartido por otros líderes de la oposición.
Por su parte, la expresidenta Jeanine Áñez enfatizó que la consulta no fue un evento fortuito, sino una manifestación consciente de la ciudadanía en defensa de la Constitución Política del Estado. Desde su perspectiva, el 21F otorgó a los bolivianos el derecho de decidir su propio destino, por encima de las pretensiones de los gobernantes de turno.
Legitimidad y fallos internacionales
El debate sobre el legado del 21F también incluye la interpretación jurídica que siguió a la consulta. El exmandatario Jorge Tuto Quiroga recordó que, cinco años después de la votación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó que la reelección indefinida no constituye un derecho humano, desvirtuando el argumento utilizado por el Tribunal Constitucional en 2017 para habilitar a Morales pese al rechazo popular.
Líderes como Samuel Doria Medina sostienen que el referéndum otorgó una "legitimidad democrática" fundamental a la oposición. Según Doria Medina, la consigna "Bolivia dijo No" se convirtió en un muro de contención que permitió articular las protestas contra las irregularidades electorales de 2019 y los cambios políticos posteriores en 2025.
Perspectivas actuales y movilización ciudadana
En las principales capitales del país, plataformas ciudadanas han salido a las calles para conmemorar la fecha, reafirmando su rol como vigilantes de la institucionalidad. Estos grupos han solicitado una audiencia con el presidente Rodrigo Paz para abordar los desafíos que enfrenta la democracia boliviana en el contexto actual. Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, calificó la fecha como una expresión de dignidad y una certeza de que la voluntad popular es el eje central de la libertad en el país.
A diez años de aquel domingo de febrero, el 21F permanece en el centro del discurso político boliviano, no solo como un recuerdo de una votación ajustada —donde el "No" obtuvo 2,6 millones de votos frente a los 2,5 millones del "Sí"— sino como el símbolo de una sociedad que, en un momento crítico, decidió poner límites al ejercicio del poder.
