La promulgación de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO) en 1990 marcó un punto de inflexión en la arquitectura institucional de Bolivia. En un periodo caracterizado por la fragilidad de las entidades estatales y una marcada opacidad en el manejo de los recursos, esta normativa surgió como un esfuerzo estructural para modernizar el Estado. Su objetivo primordial fue sustituir la discrecionalidad por un sistema integrado de gestión que priorizara la transparencia y la profesionalización del servicio público.
Un paradigma de modernización administrativa
La arquitectura de la SAFCO introdujo ocho sistemas de administración y control diseñados para operar de manera articulada. Este modelo rompió con la fragmentación histórica de la gestión estatal al establecer una conexión directa entre la planificación, la ejecución y la rendición de cuentas. Entre sus innovaciones más significativas se encuentra la integración técnica del presupuesto con la contabilidad y la tesorería, lo que permitió estandarizar procedimientos y reducir los márgenes de arbitrariedad administrativa.
La responsabilidad por la función pública
Quizás el aporte más trascendental de la Ley 1178 es la institucionalización del principio de responsabilidad por la función pública. Bajo este precepto, cada servidor público es legalmente responsable por sus actos, decisiones y, fundamentalmente, por los resultados de su gestión. Esta transformación cultural buscó erradicar la lógica de impunidad que predominaba en el aparato estatal, vinculando la ética profesional con mecanismos operativos de control y supervisión.
Transparencia y confiabilidad de los datos financieros
La ley impuso la obligatoriedad de generar información financiera útil, oportuna y veraz, un requisito indispensable para la toma de decisiones informada y la auditoría social. La estandarización de la contabilidad integrada permitió que los estados financieros del sector público reflejaran con mayor precisión la realidad económica del país, fortaleciendo la credibilidad del Estado no solo ante la ciudadanía, sino también frente a organismos internacionales de financiamiento.
Continuidad institucional frente a la rotación política
En un entorno donde la gestión estatal suele verse afectada por los ciclos políticos y la alta rotación de personal, la SAFCO sentó las bases para la profesionalización de la administración pública. Al definir roles claros y estándares técnicos que trascienden las coyunturas electorales, la normativa ha favorecido la estabilidad de los procesos administrativos. Este marco es el que ha permitido, años más tarde, la implementación de herramientas modernas como el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) y la consolidación de la auditoría interna y externa.
El desafío de la vigencia
A pesar de haber transcurrido más de treinta años desde su puesta en marcha, la vigencia de la Ley 1178 permanece intacta. Aunque la institucionalidad estatal ha enfrentado desafíos y tensiones en las últimas décadas, la SAFCO sigue siendo el referente técnico fundamental para garantizar un Estado eficiente. El fortalecimiento de la idoneidad y la rendición de cuentas continúa siendo, hoy en día, una tarea pendiente y esencial para la consolidación democrática de Bolivia.
