En un intento por revertir lo que se considera una de las mayores debilidades del sistema democrático boliviano, el diputado Juan del Granado presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de reforma judicial integral. La propuesta plantea una reestructuración profunda de la administración de justicia, centrada en la autonomía financiera y el fortalecimiento de la idoneidad de los magistrados.
La iniciativa surge como una respuesta legislativa tras el intento de una reforma promovida por un grupo de juristas independientes en 2023. Aunque aquel movimiento ciudadano logró recolectar 850.000 firmas, no alcanzó el umbral del 20% del padrón electoral —equivalente a 1,5 millones de rúbricas— exigido por la Constitución para convocar a un referéndum. Ante este escenario, los promotores han optado por canalizar los cambios estructurales a través de la vía parlamentaria.
Independencia financiera como eje central
Uno de los pilares fundamentales del proyecto es garantizar la sostenibilidad económica del sistema. Del Granado señaló que actualmente la administración de justicia opera con menos del 0,4% del Presupuesto General del Estado (PGE), una cifra que considera insuficiente para cubrir las necesidades del sector. El proyecto de ley propone elevar este porcentaje a un mínimo del 3%, asegurando así que los tribunales cuenten con los recursos necesarios para operar sin precariedad.
“Una de las grandes falencias de la vida democrática es la mala administración de justicia. Estamos en la obligación de plantear estos desafíos”, enfatizó el legislador al momento de entregar la documentación al presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro Salazar.
Desjudicialización y méritos profesionales
El proyecto también introduce la creación de juzgados de paz, una medida destinada a la desjudicialización de conflictos menores. Estos tribunales permitirían que las comunidades resuelvan controversias de manera directa, sin la intervención obligatoria de abogados o jueces de carrera, reduciendo significativamente la carga procesal que actualmente asfixia al sistema ordinario.
Asimismo, la reforma busca institucionalizar la carrera judicial. Según el texto presentado, la permanencia de los jueces deberá estar sujeta a un sistema de méritos y probidad, eliminando la figura de los jueces provisorios que, a juicio de los proyectistas, vulnera la independencia del órgano judicial frente a injerencias externas.
Un nuevo mecanismo de selección
Para la selección de altas autoridades judiciales, se propone la conformación de una Comisión Nacional de Postulaciones. Este órgano, concebido como una instancia técnica y plural, contaría con la participación de representantes de la Asamblea Legislativa, colegios de abogados, universidades, gremios de la prensa y el sistema indígena originario campesino. El objetivo es establecer un filtro de excelencia académica y ética antes de que las candidaturas lleguen a la etapa de votación.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, recibió el proyecto comprometiendo un análisis responsable en las comisiones correspondientes. “El país necesita una justicia sólida para avanzar. Este proyecto será debatido con apertura”, manifestó la autoridad parlamentaria.
El documento final contempla además mecanismos estrictos para prohibir cualquier tipo de presión política sobre las decisiones judiciales, buscando blindar la transparencia y la confianza ciudadana en una de las instituciones más cuestionadas del Estado.
