Elmer Lizarazu, dirigente de la Central Ivirizu Vandiola en el trópico de Cochabamba, propuso este fin de semana gestionar un asilo político para el expresidente Evo Morales. La sugerencia responde al desgaste económico y físico de las bases sindicales que mantienen una vigilia permanente en Lauca Ñ desde finales de 2024 para evitar la detención del líder del Movimiento al Socialismo (MAS).
Morales permanece refugiado en esa región tras ser acusado de trata agravada de personas, debido a una presunta relación con una menor de edad en 2019. Desde octubre de 2024, grupos de campesinos instalaron barricadas y puestos de control para impedir el ingreso de fuerzas policiales. Lizarazu señaló que concentrar los recursos en esta movilización está debilitando la estructura orgánica y financiera de los sindicatos cocaleros.
"Estamos concentrando toda la fuerza económica en una vigilia. Por demostrar brazo, por demostrar fuerza política, estamos desgastando todo lo que es nuestra fuerza económica", afirmó Lizarazu a través de un video difundido en sus redes sociales. El dirigente explicó que, ante este escenario, corresponde buscar mecanismos de protección alternativos, como el traslado de Morales a otro país bajo la figura de asilo.
Crisis económica y sanciones internas
El dirigente reconoció que existe un cansancio acumulado entre los movilizados que no siempre se expresa públicamente. Según Lizarazu, la situación se agrava por la crisis económica general y el inicio de las tareas de erradicación de cultivos de coca en la zona, factores que dificultan el sostenimiento de las medidas de presión a largo plazo.
Lizarazu cuestionó la imposición de multas de 5.000 bolivianos a los sindicatos que no participan activamente en las movilizaciones o en la custodia del expresidente. El representante calificó estas sanciones como desproporcionadas y ajenas a la realidad financiera de los productores de base.
"Decir que el compañero que piensa diferente es de la derecha es un ejercicio absolutamente conservador", señaló el dirigente al defender el derecho a la crítica interna dentro del movimiento cocalero. Lizarazu sostuvo que la disidencia es necesaria para corregir errores estratégicos y que el señalamiento político contra quienes cuestionan la línea oficialista impide una participación democrática real.
Hasta el momento, el entorno cercano a Morales no ha emitido una respuesta oficial sobre la posibilidad de tramitar un asilo. La permanencia del expresidente en el trópico continúa sujeta a la protección de los sindicatos, mientras los procesos judiciales en su contra siguen abiertos en el Ministerio Público.
