El gobierno propone abrogar la ley de tierras para iniciar un nuevo diálogo

El gobierno anunció el jueves su disposición para abrogar la ley de conversión de tierras y redactar una nueva normativa mediante un proceso de concertación con organizaciones indígenas y campesinas, según informó el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez. La decisión surge tras una serie de protestas de sectores que consideran que la legislación vigente beneficia de manera desproporcionada al sector agroindustrial.

Vaca Díez reconoció que la normativa actual, que permite transformar la pequeña propiedad en mediana, careció de la socialización necesaria antes de su aprobación. La autoridad señaló que la falta de consenso con los actores sociales motivó la apertura de este nuevo espacio de negociación para generar una norma donde todos los sectores se sientan representados.

El procedimiento institucional requiere que la Asamblea Legislativa Plurinacional deje sin efecto la ley vigente antes de iniciar las mesas de trabajo técnicas. "El presidente ha sido muy claro, nosotros vamos a establecer todas las mesas de diálogo porque esa es la forma en que queremos avanzar", afirmó el viceministro en una entrevista con radio Erbol. Según la autoridad, el objetivo es evitar los perjuicios económicos que provocan las medidas de presión en las carreteras.

El origen del conflicto sectorial

La legislación en disputa permite que los pequeños productores conviertan sus predios en medianas propiedades. Este cambio administrativo y legal tiene implicaciones directas sobre la función económica de la tierra y su capacidad de ser utilizada como garantía para créditos bancarios. Sin embargo, organizaciones campesinas del occidente y sectores indígenas del oriente manifestaron su rechazo al considerar que la medida facilita la expansión de la frontera agrícola en favor de grandes empresarios.

Los sectores movilizados sostienen que la ley fomenta la consolidación de latifundios bajo la figura de mediana propiedad. Esta situación, según los dirigentes sindicales, pone en riesgo la seguridad territorial de las comunidades originarias y altera el equilibrio de la tenencia de tierra en el país. Las protestas se concentraron en puntos estratégicos de las rutas nacionales, exigiendo la anulación inmediata del texto legal.

El viceministro Vaca Díez enfatizó que el país debe abandonar el método de paros y bloqueos para resolver controversias técnicas. La administración estatal busca que la nueva propuesta legal equilibre las necesidades de modernización del agro con la protección de la pequeña propiedad, que por mandato constitucional es indivisible y tiene un carácter social fundamental para la subsistencia familiar.

Próximos pasos legislativos

Para formalizar el inicio del diálogo, el Ejecutivo debe enviar un proyecto de ley de abrogación al Legislativo. Una vez que la norma sea anulada, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras convocará a las confederaciones campesinas e indígenas para instalar las mesas técnicas. El gobierno espera que este proceso permita redactar un documento que defina con precisión los límites y beneficios de la conversión de tierras.

La resolución de este conflicto es prioritaria para las autoridades, dado el impacto que los bloqueos de caminos tienen sobre el abastecimiento de alimentos y la inflación. El sector agropecuario, especialmente en el departamento de Santa Cruz, ha solicitado seguridad jurídica para continuar con las inversiones, mientras que los pequeños productores demandan mecanismos que no vulneren su derecho al acceso a la tierra. El éxito de la nueva ley dependerá de la capacidad de los negociadores para conciliar estas visiones opuestas sobre el desarrollo rural.