La organización internacional de policía criminal, Interpol, ha activado este viernes una notificación roja contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce. La medida responde a una investigación encabezada por el Ministerio Público por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, según confirmaron fuentes oficiales de la fiscalía.
El mecanismo establece una alerta de búsqueda y captura internacional vigente en todos los países miembros del organismo. Las autoridades buscan esclarecer el origen de diversos bienes de alto valor y activos financieros atribuidos al investigado, los cuales, según la tesis fiscal, no guardarían relación con sus ingresos legítimos declarados.
Diligencias y patrimonio bajo sospecha
El fiscal asignado al caso, Miguel Cardozo, informó que el requerimiento judicial ya ha sido procesado y se encuentra plenamente operativo en los sistemas de cooperación policial. “Ya se encuentra el sello rojo activado para el señor Rafael Arce Mosqueira; se ha remitido la solicitud a Interpol y la alerta ya fue emitida”, señaló la autoridad durante un encuentro con la prensa.
La pesquisa se centra en la adquisición presuntamente irregular de bienes de lujo. Como parte del protocolo investigativo, el Ministerio Público ha iniciado un cruce de datos financieros y el levantamiento de información patrimonial detallada, extendiendo los requerimientos de información tanto al ámbito nacional como a entidades internacionales.
En el marco de estas actuaciones, la fiscalía también convocó a comparecer a la pareja de Arce Mosqueira. No obstante, la defensa técnica de la citada presentó un memorial solicitando que su testimonio sea recibido de manera virtual, bajo el argumento de que reside actualmente fuera del país. Ante este pedido, el Ministerio Público gestiona informes oficiales para verificar su ubicación exacta y determinar la viabilidad de dicha comparecencia conforme a las normas de procedimiento penal.
Este movimiento judicial representa un endurecimiento significativo en el curso del proceso. La activación del sello rojo facilita la cooperación de fuerzas de seguridad globales para localizar al investigado, mientras el proceso continúa bajo el control jurisdiccional de la fiscalía boliviana.
