La Fundación Tierra ha presentado una evaluación que advierte sobre un período de alto riesgo de incendios en Bolivia, señalando que los próximos meses serán “complicados” debido al incremento de focos de calor y quemas. Si bien la situación actual no replica la magnitud del desastre ambiental de 2023, cuando se quemaron más de 12 millones de hectáreas, la organización insta a tomar medidas preventivas.
Gonzalo Colque, director de la institución, explicó que agosto y septiembre son históricamente los meses de mayor riesgo, un período en el que los focos de calor y las quemas se intensifican, en gran medida por el avance de la frontera agrícola. En este contexto, se recomendó un control estricto sobre los permisos de desmonte y una mayor fiscalización de las actividades productivas en el oriente del país.
La evaluación cuestiona el rol de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), que, según datos de la fundación, ha otorgado permisos de quema por más de 100.000 hectáreas anuales, principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni. “Hay demasiada flexibilidad en la ley y diferentes tipos de desmontes y quemas, tanto para pequeños productores, comunidades indígenas e interculturales, como para grandes empresas. Eso ha multiplicado el manejo irresponsable del fuego”, señaló Colque.
El informe añade que no existe una capacidad real de fiscalización para supervisar la gran cantidad de autorizaciones emitidas. “Si a eso sumamos las quemas no autorizadas, prácticamente dependemos de la decisión y voluntad de quienes las realizan, porque las fiscalizaciones han sido absolutamente insuficientes”, advirtió el director.
El precedente de 2023 y los conflictos de tierras
Recordando los incendios del año pasado, Colque precisó que los principales focos se originaron en áreas protegidas y tierras fiscales no disponibles, donde no debería existir propiedad privada ni explotación comercial. También se registraron siniestros de importancia dentro de Territorios Comunitarios de Origen (TCOs), como Monteverde, Guarayos y Bajo Paraguá, además de zonas de alta sensibilidad ecológica como el Pantanal.
Un tercer grupo de focos se concentró en propiedades privadas de carácter empresarial. La Fundación Tierra remarcó que muchos de los incendios ocurren en zonas de conflictos por la tierra y asentamientos recientes, donde la débil presencia estatal facilita disputas y un control irregular del territorio.
“Al menos la mitad de estas propiedades fueron tituladas originalmente como ganaderas y no deberían convertirse en tierras agrícolas, pero el fuego se usa como herramienta de cambio de uso de suelo”, concluyó Colque, subrayando que sin una acción decidida de fiscalización y un ajuste en la normativa, el país podría enfrentar nuevamente un escenario de gran magnitud.
