El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que, según datos correspondientes al primer semestre de 2025, el 58.2% de las 33,274 personas privadas de libertad en Bolivia se encuentran en situación de detención preventiva, a la espera de que sus procesos judiciales avancen dentro de los plazos establecidos por la ley.
“Los detenidos preventivos también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación”, señaló la autoridad. A través de una comunicación oficial, Callisaya alertó sobre el uso excesivo de esta medida cautelar en el sistema de justicia del país.
“Garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas”, expresó el Defensor.
La advertencia coincide con la emisión del instructivo 18/2025 por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Dicha orden instruye a los tribunales departamentales a verificar, en un plazo de 24 horas, el cumplimiento de los plazos procesales de la detención preventiva en tres casos específicos. Al respecto, el Defensor del Pueblo remarcó que esta disposición debe aplicarse de manera igualitaria y sin discriminación a todas las personas en esa condición.
Callisaya recordó que la detención preventiva es una medida de carácter excepcional. Su aplicación generalizada, advirtió, no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también contribuye directamente al incremento del hacinamiento en los centros penitenciarios, generando riesgos de malos tratos y condiciones degradantes para los reclusos.
