Una mayoría sin condena en las cárceles
Casi seis de cada diez personas privadas de libertad en Bolivia se encuentran en detención preventiva, sin haber recibido una sentencia. Según datos presentados por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, correspondientes al primer semestre de 2025, un 58,2% de las 33.274 personas en centros penitenciarios del país aguardan la resolución de sus procesos judiciales.
“Los detenidos preventivos también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación”, señaló la autoridad, quien alertó sobre el uso excesivo de esta medida judicial. “Garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas”, expresó Callisaya a través de una comunicación oficial.
Respuesta del sistema judicial
La alerta de la Defensoría coincide con la emisión del instructivo 18/2025 por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordena a los tribunales departamentales del país verificar, en un plazo de 24 horas, el cumplimiento de los plazos procesales de la detención preventiva en tres casos específicos.
Al respecto, el Defensor del Pueblo instó a que dicha disposición se aplique “sin discriminación y de manera igualitaria” a toda la población carcelaria que se encuentra en una situación similar, y no solo a casos aislados.
Callisaya recordó que la detención preventiva debe ser una medida de carácter excepcional. Su aplicación generalizada, según la entidad, no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también contribuye directamente al incremento del hacinamiento en las cárceles, creando condiciones que propician malos tratos y un entorno degradante para los reclusos.
