Una ley bajo escrutinio
Un grupo de personas privadas de libertad en Bolivia ha denunciado, a través de una carta pública, que la Ley 1008 les impone penas desproporcionadas de diez años de cárcel por la posesión de mínimas cantidades de marihuana. Los firmantes, muchos de ellos sin antecedentes penales, sostienen que estas condenas vulneran el principio de proporcionalidad consagrado en la Constitución Política del Estado.
La misiva, dirigida a altas autoridades del Estado y organismos de derechos humanos, detalla la situación de los reclusos. “Estamos encarcelados, algunos con detención preventiva y otros con sentencias condenatorias, todos enfrentando penas de 10 años de cárcel por delitos de tráfico contemplados en la Ley 1008”, señala el documento. “Nuestras historias de vida están entretejidas por tres elementos en común: fuimos detenidos con marihuana en mínimas cantidades, no tenemos antecedentes penales y no fuimos incluidos en decretos de amnistía o indulto”.
Impacto social y cuestionamientos internacionales
Los reclusos argumentan que la sanción mínima de 10 años no considera la naturaleza del hecho, que en sus casos se limita a la posesión de gramos de la sustancia. Afirman que esta normativa no solo contribuye al hacinamiento carcelario, sino que también los estigmatiza como narcotraficantes, lo que ha provocado la desintegración de sus familias y ha truncado sus proyectos de vida.
La carta recuerda que organismos internacionales han cuestionado este tipo de penas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que las sanciones privativas de libertad por posesión de marihuana en pequeñas cantidades son “potencialmente violatorias del derecho a la libertad personal”. De manera similar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que estas medidas contradicen principios de proporcionalidad y derechos humanos fundamentales.
El documento subraya que la mayoría de los afectados son personas jóvenes, mujeres cabeza de familia y trabajadores con responsabilidades sociales y económicas. Enfatizan que no buscan impunidad, sino una justicia restaurativa que priorice la reinserción social, en línea con la legislación de ejecución penal vigente en el país.
La petición sugiere que un indulto o amnistía presidencial no solo aliviaría la situación de cientos de internos, sino que también permitiría al sistema judicial y a la Policía enfocar sus recursos en el desmantelamiento de redes de narcotráfico a gran escala. “Les pedimos considerar esta petición como un paso hacia una verdadera justicia que castigue con firmeza a quienes de verdad son un peligro para la sociedad, pero que proteja a quienes somos víctimas de un sistema judicial desactualizado”, concluye la carta.
