Organizaciones de la sociedad civil en Bolivia han emitido una alerta sobre las persistentes vulneraciones a los derechos de la población LGBTIQ+, señalando que las personas trans concentran la mayor parte de las denuncias por agresiones y exclusión. En un esfuerzo por institucionalizar la protección de este sector, diversos colectivos demandan que las nuevas autoridades de los gobiernos departamentales y municipales asuman una agenda mínima orientada a garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía.
La propuesta, denominada Agenda Política LGBTIQ+ para la Garantía de Derechos en Bolivia, fue presentada en La Paz con el objetivo de marcar una hoja de ruta para el nuevo ciclo político subnacional. El documento es el resultado de un proceso de construcción colectiva en el que participaron representantes de organizaciones de los nueve departamentos del país, quienes coinciden en que la gestión pública debe transitar de los compromisos retóricos a las acciones administrativas concretas.
Cifras de una vulnerabilidad sistémica
La situación de precariedad de los derechos fundamentales queda evidenciada en las estadísticas actuales. Según datos del Observatorio de Derechos LGBT, el 73% de las denuncias por vulneración de derechos corresponde a personas trans. Esta cifra se complementa con los hallazgos del informe “Desiguales ante la Ley” de la Defensoría del Pueblo, que revela que el 53% de la población LGBTIQ+ sufrió algún tipo de discriminación durante el último año.
Uno de los aspectos más críticos identificados es el alto índice de impunidad y el silencio institucional. El informe señala que el 96% de los casos de discriminación no se denuncian, principalmente debido a la profunda desconfianza en las instituciones públicas y al temor a sufrir represalias adicionales. Esta barrera de acceso a la justicia perpetúa ciclos de violencia y exclusión que afectan el acceso a servicios básicos como salud, educación y empleo.
Desafíos para la gestión pública
La agenda presentada plantea lineamientos estratégicos en áreas fundamentales. Entre las prioridades se encuentra la adecuación de los sistemas de salud para que respeten la identidad de género, así como el fortalecimiento de mecanismos institucionales que prevengan la discriminación en el ámbito laboral y educativo. Las organizaciones impulsoras, entre las que destacan el Colectivo TLGB Bolivia y la Coordinadora de la Mujer, subrayan que la garantía de estos derechos es una obligación estatal inaplazable.
El documento posiciona a los gobiernos locales como actores clave para traducir los principios de igualdad en políticas territoriales efectivas. Los colectivos advierten que la falta de voluntad política para integrar estas demandas en los planes de gestión no solo contraviene el marco normativo vigente, sino que amenaza con profundizar las brechas de desigualdad y marginación que enfrenta la población LGBTIQ+ en todo el territorio boliviano.
