Ante la creciente ola de reclamos por parte del sector transporte sobre la presunta degradación en la calidad de la gasolina, los altos mandos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunciaron un plan estratégico compuesto por cinco medidas orientadas a endurecer la fiscalización, optimizar el almacenamiento y elevar los estándares de importación de carburantes.
Durante una comparecencia ante los medios este viernes, el vicepresidente de Operaciones, Sebastián Daroca, precisó el alcance de las competencias de la estatal. El ejecutivo aclaró que la garantía de calidad proporcionada por la empresa se limita al proceso previo al despacho en las plantas de almacenaje. Según Daroca, una vez que el combustible es cargado en las cisternas, la custodia de los estándares recae en una responsabilidad compartida entre los administradores privados de las estaciones de servicio y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad encargada de la supervisión y fiscalización final.
Un programa integral de fiscalización
A pesar de sostener que los productos actuales cumplen con las fichas técnicas vigentes, YPFB ha decidido implementar un nuevo protocolo para disipar la desconfianza ciudadana. Este paquete incluye el incremento de análisis de laboratorio en diversos nodos de la cadena de suministro, un programa de limpieza profunda de tanques y la aplicación de parámetros más rigurosos para el producto importado, con especial énfasis en la reducción de niveles de gomas permitidos.
Complementariamente, la estrategia contempla la incorporación de aditivos diseñados para prevenir la oxidación del combustible y la autorización para aumentar la refinación nacional mediante la importación de crudo. Estas acciones buscan no solo mejorar el rendimiento del motor, sino también asegurar la estabilidad del suministro a mediano plazo.
Incidentes específicos y desinformación
Por su parte, el gerente de Comercialización, Nelson Mendoza, descartó que el combustible importado carezca de certificaciones, asegurando que cada lote es verificado por inspectores independientes en su origen. Sin embargo, Mendoza admitió la detección de un caso aislado de gasolina desestabilizada, la cual fue retirada oportunamente del mercado, activándose los mecanismos de compensación para los usuarios que resultaron afectados por dicho evento.
Finalmente, las autoridades de la estatal petrolera abordaron la percepción pública sobre el aspecto visual del carburante. Daroca enfatizó que el color de la gasolina no es un indicador de su calidad ni de su octanaje, sino que responde a una normativa técnica que exige el uso de colorantes para identificar las zonas de distribución y prevenir el contrabando o uso indebido de los lotes destinados a regiones específicas.
