El Gobierno de Bolivia reveló los resultados de una exhaustiva investigación que identifica una sofisticada red de sabotaje dedicada a la adulteración de combustible importado. Según los informes oficiales, cargamentos de diésel provenientes de Chile fueron interceptados tras descubrirse que grandes volúmenes de carburante eran sustraídos y reemplazados por una mezcla de agua sucia y aceite de motor usado antes de su ingreso a territorio nacional.
Las autoridades estiman que, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, aproximadamente 5.000 camiones cisterna ingresaron al país bajo este esquema fraudulento. Se presume que la operación afectó a unos 150 millones de litros de combustible, lo que representa un riesgo significativo tanto para las arcas públicas como para la integridad de la maquinaria y el transporte nacional.
Operaciones transfronterizas y modus operandi
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, señaló que la organización operaba en puntos estratégicos de las localidades de Mejillones, Iquique y Arica. En estos lugares, la red contaba con infraestructuras clandestinas para el acopio y comercialización del combustible robado, el cual era vendido ilegalmente a precios que superaban el dólar por litro. Las investigaciones se han extendido a Paraguay y Argentina para determinar el alcance regional de esta estructura criminal y sus posibles nexos con empresas locales.
La gravedad de la situación quedó de manifiesto el pasado 24 de marzo, cuando personal técnico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) detectó anomalías en una cisterna en la planta de Senkata, en la ciudad de El Alto. El conductor del vehículo, tras ser aprehendido, admitió haber manipulado la carga en territorio extranjero a cambio de beneficios económicos. Este evento activó de inmediato los protocolos de seguridad nacional, paralizando las descargas para evitar daños mayores en el sistema nacional de abastecimiento.
Acciones legales y seguridad nacional
El Ministerio Público ha tipificado estas acciones como delito de sabotaje, bajo el artículo 232 del Código Penal boliviano. Mientras las fiscalías de Bolivia y Chile coordinan esfuerzos para desmantelar la totalidad de la organización, el Gobierno ha enfatizado que la seguridad energética es una prioridad de Estado que no admite vulneraciones.
Finalmente, el Ministerio de Gobierno remarcó que el abastecimiento de combustibles es un asunto crítico para la estabilidad del país. Las autoridades indicaron que se mantendrán los controles técnicos de rutina y las pericias digitales para determinar si estos hechos responden a acciones individuales aisladas o a una estructura corporativa más amplia que busque desestabilizar el mercado energético interno.
