El presidente de la Cámara Boliviana de Transporte, Héctor Mercado, ha deslindado de forma categórica la responsabilidad de los propietarios de vehículos en las recientes denuncias sobre presunto robo y adulteración de hidrocarburos importados. La postura institucional surge como respuesta a los señalamientos que vinculan al gremio empresarial con el desvío de combustible y su posterior manipulación química para encubrir faltantes.
Mercado cuestionó las afirmaciones públicas que sugieren una participación sistémica del sector en estas irregularidades. En este sentido, el dirigente solicitó una rectificación pública de los señalamientos realizados, argumentando que las declaraciones han afectado la reputación del transporte pesado sin identificar con precisión a los verdaderos responsables de los ilícitos reportados en la cadena logística.
Mecanismos de adulteración en el exterior
La controversia se centra en denuncias que indican que, durante el tránsito de combustible desde Chile hacia el mercado boliviano, se estaría desviando parte del cargamento de las cisternas. Según los informes técnicos mencionados por las autoridades, el volumen sustraído era sustituido por una mezcla de agua y aceite, una maniobra diseñada para burlar los controles de pesaje y volumen al momento de la entrega en las terminales nacionales.
El directivo de la Cámara reconoció la posibilidad de que existan casos de complicidad individual por parte de los conductores contratados para el traslado. No obstante, enfatizó que los empresarios actúan de buena fe y, en la mayoría de los escenarios delictivos, terminan siendo los sujetos más perjudicados por la pérdida de sus activos y la exposición legal.
Seguridad jurídica y coherencia institucional
“El chofer puede incurrir en complicidad, pero el dueño de la unidad suele desconocer estas acciones”, recalcó Mercado. El dirigente comparó la situación con los procesos judiciales bajo la Ley 1008, donde frecuentemente el propietario pierde el vehículo —su principal herramienta de trabajo—, mientras que la responsabilidad penal sobre el autor material no repara el daño económico causado a la empresa.
Finalmente, el sector instó al Gobierno a mantener una comunicación coherente y a realizar investigaciones minuciosas antes de emitir juicios de valor. Mercado concluyó que, dada la gravedad de los delitos de manipulación de carburantes que se investigan, las autoridades deben centrar sus esfuerzos en las pruebas técnicas y en los individuos directamente involucrados, evitando la estigmatización de un sector clave para la estabilidad económica de Bolivia.
