La dirigencia cívica de Santa Cruz ha formalizado la creación de la Coordinadora Nacional por la Crisis Energética de Bolivia (Conacre), una instancia que busca centralizar el seguimiento técnico y político a la situación de los hidrocarburos y la electricidad en el país. El movimiento surge como respuesta a la incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos y la gestión de las empresas estatales del sector.
A través de una misiva oficial dirigida a la Presidencia del Estado, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, solicitó información documentada para determinar si el Gobierno Nacional ha reconocido formalmente la existencia de una crisis energética. La solicitud exige detalles sobre las acciones institucionales inmediatas y los diagnósticos técnicos que sustentan la política actual del Ejecutivo.
Exigencia de una hoja de ruta y rendición de cuentas
El documento remitido por la Conacre subraya la necesidad de transparentar una hoja de ruta nacional energética. Los representantes cívicos demandan conocer los planes a corto, mediano y largo plazo, así como los mecanismos de seguimiento y los responsables de su ejecución. Esta iniciativa también será presentada ante las comisiones de Energía e Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su control normativo.
La fiscalización solicitada abarca a las principales entidades estratégicas del Estado, incluyendo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Asimismo, se pide información sobre el rol de los entes reguladores, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN).
Finalmente, la Conacre ha planteado la designación de un enlace oficial con el Gobierno para establecer un mecanismo de rendición pública de cuentas. Según el planteamiento de la coordinadora, su función primordial será articular el control social y el monitoreo ciudadano sobre las decisiones estatales que afecten la seguridad energética de Bolivia.
