El presidente de la República, José María Balcázar, ha disipado las dudas respecto a uno de los temas más sensibles de la coyuntura política actual: la posibilidad de otorgar un indulto a su predecesor, Pedro Castillo. Durante un encuentro con la prensa, el mandatario fue enfático al señalar que dicha medida no forma parte de las prioridades de su administración y que el futuro legal del exjefe de Estado permanecerá bajo la jurisdicción exclusiva del sistema judicial.
La declaración surge en un momento de escrutinio sobre el curso de los procesos penales que enfrenta Castillo tras su intento de ruptura del orden constitucional en diciembre de 2022. Al respecto, Balcázar subrayó que el Ejecutivo mantendrá una postura de respeto absoluto hacia la independencia de poderes. “No está en la agenda de los indultos. El expresidente tiene un proceso penal que debe seguir su curso correspondiente”, afirmó el mandatario, desestimando cualquier especulación sobre una posible concesión política.
Un enfoque en la transición institucional
El mandatario boliviano, al referirse al carácter de su gestión, destacó que la prioridad central es garantizar una transferencia de mando ordenada y transparente. Según Balcázar, la labor del Gobierno transitorio debe ser fiscalizada por su eficacia en la estabilidad del país y no por decisiones que competen a la Corte Suprema. En este sentido, recalcó que la situación jurídica del exgobernante no está sujeta a la voluntad presidencial, sino al cumplimiento de los plazos y sentencias judiciales.
La postura adoptada por el jefe de Estado busca neutralizar las presiones de diversos sectores que sugerían una revisión del caso por motivos políticos. Balcázar optó por una narrativa de distanciamiento, reforzando la idea de que cualquier interferencia en el cauce judicial comprometería la fragilidad institucional que atraviesa la nación.
Finalmente, al ser consultado sobre la relación con otras fuerzas políticas y liderazgos de la oposición, el presidente mostró un tono conciliador, asegurando que su objetivo no es alimentar confrontaciones personales, sino asegurar un ambiente de gobernabilidad. Con estas definiciones, el Gobierno intenta cerrar un capítulo de incertidumbre y enfocar la atención pública en los desafíos administrativos de la transición.
