El proceso judicial derivado de la intervención militar en la Plaza Murillo el pasado 26 de junio de 2024 enfrenta un estancamiento indefinido. Pese a la relevancia política del caso, el tribunal de sentencia encargado ha manifestado su incapacidad financiera para proceder con las etapas iniciales del juicio, citando una absoluta falta de recursos para costear las diligencias administrativas básicas, como la reproducción de documentos y notificaciones oficiales.
Roger Valverde, abogado defensor de dos de los acusados, informó que la insolvencia del tribunal impide la generación de aproximadamente 15.000 fotocopias necesarias para notificar formalmente a los 22 imputados. Sin el cumplimiento de este requisito procedimental, que incluye la entrega de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y las acusaciones particulares de diversos ministerios, el juicio no puede fijar una fecha de apertura.
Un estancamiento procesal y logístico
De acuerdo con la defensa, la acusación fue radicada en el tribunal de sentencia hace nueve meses; sin embargo, el avance ha sido nulo. Valverde señaló una contradicción en la actuación del Estado: mientras diversas instituciones gubernamentales promovieron activamente la detención de los militares involucrados, en la actualidad el caso parece haber caído en un abandono logístico que vulnera los derechos de los procesados.
La investigación se centra en los hechos liderados por el general Juan José Zúñiga, cuyo contingente militar tomó el centro del poder político en La Paz en junio de 2024. El gobierno del presidente Luis Arce calificó el evento como un intento de golpe de Estado, mientras que los militares detenidos sostienen su inocencia y esperan el inicio del debate oral para desvirtuar los cargos.
El impacto del retraso trasciende lo estrictamente legal. El abogado Valverde subrayó que los acusados atraviesan una situación económica crítica, dado que llevan meses bajo proceso penal y sin percibir salarios. Ante este escenario, la defensa ha comenzado a presentar memoriales de reclamo para exigir celeridad procesal y el establecimiento de la verdad histórica sobre los sucesos de la Plaza Murillo.
