El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Pablo Villegas, advirtió este domingo que el proyecto de ley que autoriza la conversión de la pequeña propiedad a mediana propiedad facilitará que grandes empresarios del agro se apropien de tierras menores y afecten territorios comunitarios. Según el especialista, la norma vulnera la protección constitucional que actualmente rige sobre estos predios.
La iniciativa legislativa fue planteada inicialmente en agosto de 2023 por el gobierno de Luis Arce, pero no prosperó en su momento. No obstante, la propuesta fue repuesta por el senador Branko Marinkovic y, tras ser aprobada en el Senado y sancionada en la Cámara de Diputados, se encuentra a la espera de la promulgación por parte del presidente Rodrigo Paz.
Vulnerabilidad jurídica de la pequeña propiedad
Villegas sostuvo que la norma es ilegal porque modifica preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado. La carta magna protege a la pequeña propiedad, la propiedad comunitaria y las tierras colectivas bajo el principio de función social, declarándolas además como inembargables. Al cambiar su estatus a mediana propiedad, estas tierras pierden dicha protección jurídica y pueden ser objeto de embargos o transferencias comerciales.
“Se está desgajando de este conjunto a los pequeños propietarios. Entonces, lo que viene también puede modificar lo que tienen los territorios indígenas”, afirmó Villegas en una entrevista con la red Erbol. El investigador señaló que el efecto principal de la ley será la incorporación de estos predios al mercado, permitiendo su compra y venta, lo que contradice la naturaleza social de la tenencia de tierra para pequeños productores.
El argumento oficial para impulsar la medida es que la conversión facilitaría el acceso a créditos bancarios e inversión extranjera. Sin embargo, Villegas calificó esta premisa como inviable desde el punto de vista económico. “Nadie va a invertir en propiedades de entre 8 a 25 hectáreas, eso es absurdo”, señaló, al explicar que el tamaño de los predios no justifica el interés de capitales externos para proyectos de alta productividad.
Falta de sustento técnico y riesgos de expansión
De acuerdo con el análisis del Cedib, la ley fue aprobada sin informes técnicos que demuestren un crecimiento real en la productividad o cambios en la dinámica poblacional que justifiquen el cambio de categoría. La norma permite que la conversión se realice mediante una simple declaración jurada, un mecanismo que, según Villegas, evidencia un interés por agilizar el traspaso de tierras hacia sectores con mayor poder económico.
“Hay un interés en apoderarse de sus tierras. Está abierta la puerta para hacer lo mismo con las tierras colectivas y los territorios indígenas”, alertó el investigador. Asimismo, comparó la situación del agro local con la región y señaló que incluso los grandes empresarios presentan niveles de productividad inferiores a los de países como Brasil, Argentina, Colombia o Perú en cultivos de soya y caña.
El informe del Cedib concluye que existe una coincidencia entre las políticas estatales y los intereses de sectores económicos que buscan expandir la frontera agrícola. Según Villegas, el objetivo final de estas reformas es permitir la extensión de actividades agroindustriales hacia tierras fiscales y territorios comunitarios que actualmente gozan de blindaje legal.
