El legislador Juan Del Granado presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado que propone modificar el sistema de elección de magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La propuesta busca sustituir la votación directa en urnas por un mecanismo de preselección técnica seguido de un referéndum de ratificación popular.
El documento, entregado al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, plantea la modificación de 18 artículos constitucionales. El eje central es la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones, un cuerpo colegiado de nueve miembros de la sociedad civil sin militancia política. Según el proyecto, esta instancia estaría integrada por delegados de la universidad pública, organizaciones de prensa, el Colegio de Abogados, la Asociación de Jueces, el sistema jurídico indígena originario campesino y la Asamblea Legislativa.
Mecanismo de selección y ratificación
Bajo este nuevo esquema, la comisión se encargaría de evaluar la idoneidad y probidad de los aspirantes para conformar ternas que serían enviadas a la Asamblea Legislativa. Una vez que el Legislativo elija a los magistrados, el Tribunal Supremo Electoral deberá convocar a un referéndum nacional en un plazo de 90 días para que la ciudadanía ratifique o deniegue cada designación.
"Estamos planteando la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones", explicó Del Granado al detallar que el proceso busca garantizar la paridad de género y criterios de plurinacionalidad. El legislador señaló que esta comisión también asumiría la preselección de candidatos para el Defensor del Pueblo y el Fiscal General del Estado, cuyas ternas finales serían resueltas por la Asamblea.
Ajustes institucionales y presupuesto
El proyecto de ley contempla cambios estructurales adicionales, entre los que destaca la eliminación de la Procuraduría General del Estado. La propuesta fundamenta esta decisión en los resultados financieros de la institución, que acumula deudas por 444 millones de dólares en arbitrajes de inversión y más de 33 millones de dólares en arbitrajes comerciales.
En cuanto al funcionamiento del sistema judicial, la reforma sugiere asignar un presupuesto mínimo del 3% para el Órgano Judicial, la creación de la figura de "jueces de paz" y la implementación efectiva de la carrera judicial para priorizar la formación académica en el acceso a la judicatura.
Esta iniciativa retoma la propuesta impulsada anteriormente por un grupo de juristas independientes que, aunque recolectó 833.000 firmas, no alcanzó el 20% del padrón electoral requerido para activar un referéndum por iniciativa popular. Al presentarse ahora como un proyecto de ley, el procedimiento legislativo requiere la conformación de una comisión mixta de senadores y diputados para su análisis antes de ser tratado por el pleno de la Asamblea Legislativa, presidida por Edmand Lara.
