El expresidente Luis Arce denunció el miércoles, a través de una carta manuscrita, que es víctima de tortura psicológica y vulneraciones a sus derechos fundamentales en el penal de San Pedro. Arce, quien permanece en detención preventiva desde diciembre de 2025 por el caso Fondo Indígena, se identificó como un preso político de la administración de Rodrigo Paz y cuestionó la legalidad de su aprehensión.
En el documento, el exmandatario afirmó que su detención se ejecutó sin una orden legal previa, calificando el procedimiento como un secuestro. Según su defensa, no existieron notificaciones sobre los procesos en su contra antes de la captura, a pesar de haber manifestado su disposición para comparecer ante las autoridades judiciales. Arce sostuvo que el gobierno busca su muerte civil y política mediante el uso del aparato estatal.
Denuncias sobre condiciones de reclusión
El exjefe de Estado señaló que las autoridades penitenciarias lo alojaron inicialmente en un espacio sin condiciones mínimas de habitabilidad. En la misiva, detalló que fue sometido a interrupciones constantes para la toma de fotografías y videos, incluso en el patio del recinto carcelario. Estas acciones, según Arce, constituyen actos de tortura psicológica orientados a quebrar su integridad.
Respecto a su estado de salud, el exmandatario informó que el sistema judicial rechazó las solicitudes para someterse a exámenes médicos especializados. "Se ha negado la petición para realizar estudios recomendados por un cardiólogo, lo que pone en riesgo mi vida", señaló en el texto. La defensa técnica de Arce ha presentado diversos recursos para garantizar el acceso a salud, los cuales han sido desestimados de forma sistemática por los jueces a cargo del caso.
Cuestionamientos al proceso judicial
El proceso contra Arce se fundamenta en presuntos delitos económicos cometidos durante su gestión como ministro de Economía. Sin embargo, el exmandatario rechazó las acusaciones y calificó la investigación como una venganza institucional. "Yo no he robado, yo no he matado, yo no he mentido al pueblo", afirmó en la carta, donde también denunció el reciente allanamiento de su domicilio particular.
La misiva concluye con un llamado a organismos internacionales de derechos humanos para que supervisen el cumplimiento del debido proceso y la independencia judicial. Arce solicitó que se respete el principio de presunción de inocencia, mientras su equipo legal evalúa nuevas acciones ante instancias internacionales para denunciar lo que consideran un deterioro del Estado de Derecho.
