El gobierno anunció el lunes la anulación de 161 decretos supremos que permitían la adjudicación directa de obras y servicios sin mecanismos de control financiero. La medida busca desmantelar una estructura de gestión calificada por las autoridades como un "Estado cloaca", donde la discrecionalidad facilitó la malversación de recursos públicos en proyectos de infraestructura y salud.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que la decisión responde a la detección de un patrón sistemático de irregularidades que afectó la conclusión de hospitales y unidades de radioterapia en Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. Según la autoridad, el nuevo marco normativo establece mecanismos de fiscalización para ordenar las contrataciones estatales y garantizar que los fondos públicos se utilicen bajo criterios de eficiencia.
Irregularidades en proyectos estratégicos
El análisis técnico realizado por el Ejecutivo identificó que, de los 161 decretos abrogados, 105 no establecían montos definidos para las contrataciones. Esta falta de límites financieros permitía a las autoridades de turno adjudicar contratos de manera directa sin procesos de licitación competitivos. Lupo señaló que estos instrumentos legales fueron utilizados para proyectos cuestionados, como el aeropuerto de San Ignacio de Velasco y el museo de Orinoca.
Entre los casos más críticos, el ministro citó la adquisición de 702 ambulancias por un valor de 64 millones de dólares, operación que se realizó sin licitación previa. "Lo que hemos encontrado no son errores aislados, son decisiones que afectaron directamente a la gente", afirmó Lupo, al referirse a la infraestructura millonaria que permanece abandonada o sin utilidad social en diversas regiones del país.
Reforma del sistema de contrataciones
El nuevo decreto promulgado por la administración del presidente Rodrigo Paz se fundamenta en tres ejes: la transparencia obligatoria de todas las contrataciones directas, la eliminación de mecanismos de direccionamiento de contratos y la realización de auditorías sobre las decisiones adoptadas bajo la normativa anterior. El ministro de la Presidencia aseguró que el objetivo es transitar de un sistema discrecional a uno con control institucional estricto.
Respecto a las posibles implicaciones legales para exfuncionarios, Lupo descartó que las medidas formen parte de una persecución política. El funcionario explicó que las acciones están orientadas a determinar responsabilidades administrativas y penales en los casos donde se identifique un beneficio de intereses particulares sobre el patrimonio estatal. "Quien hizo bien su trabajo no tiene nada que temer, pero quien utilizó al Estado para beneficiar intereses particulares debe responder", señaló.
La reforma institucional pretende recuperar la confianza ciudadana mediante la rendición de cuentas. El gobierno adelantó que los procesos de auditoría iniciarán de inmediato para identificar a los responsables de las obras inconclusas y los fondos no retornables. Los próximos pasos incluirán la revisión de los contratos vigentes que fueron suscritos bajo el amparo de los decretos ahora anulados.
