El alcalde de Cochabamba solicitó al gobierno central una intervención policial más firme ante las movilizaciones. Calificó las medidas de presión como acciones subversivas que afectan la economía nacional.
Trabajadores del centro minero advirtieron que la Central Obrera Boliviana deberá atenerse a las consecuencias si no se despejan las rutas. El sector exige garantizar el libre tránsito ante el perjuicio económico.
La Secretaría de Desarrollo Económico evalúa deficiencias técnicas y legales en la remodelación del principal escenario deportivo cruceño. El gobernador cuestionó la entrega oficial de las obras realizadas durante la gestión anterior.
La entidad reguladora ejecutó una reestructuración masiva e inició investigaciones contra 20 empresas de transporte de carburantes. Las medidas responden a las pesquisas por la comercialización de gasolina desestabilizada en el país.
El Ministerio de Hidrocarburos formalizó una demanda penal contra exdirectivos de YPFB y la ANH por la distribución de combustible desestabilizado. Las investigaciones señalan fallas técnicas y vacíos normativos que afectaron a miles de vehículos en nuestro país.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior advirtió que la conflictividad social deteriora la imagen internacional del país. Las medidas de presión afectan a exportadores, transportistas y al sector turístico.
El sector oleaginoso advierte que las movilizaciones persiguen fines políticos tras la abrogación de la norma. Los bloqueos ponen en riesgo exportaciones anuales por 1.000 millones de dólares.
El empresario boliviano destacó el potencial de nuestro país pero advirtió que se requiere seguridad jurídica para atraer capitales globales. Comparó la situación local con los modelos de Argentina y Brasil.
