El plan gubernamental frente a la crisis
A pocos meses de concluir su mandato, el presidente Luis Arce afirmó que su gobierno ha establecido las bases para resolver el problema estructural de los combustibles en Bolivia. El pasado 21 de agosto, el mandatario convocó a los candidatos presidenciales para exponerles la situación y las soluciones que, según él, comenzarán a dar frutos entre 2026 y 2027.
La estrategia del gobierno se centra en 58 proyectos de exploración petrolera, de los cuales 18 habrían resultado exitosos, y en la puesta en marcha de un programa de biocombustibles. Este incluye una planta de biodiésel ya inaugurada en Santa Cruz, una segunda por operar en El Alto y un proyecto para producir diésel renovable (HVO) que ha enfrentado retrasos. Según el presidente, una vez que el sistema esté en pleno funcionamiento, Bolivia solo necesitará importar el 20% del combustible fósil que consume.
“Nuestro gobierno ha trabajado, ha puesto la semilla y ustedes van a cosechar, a partir del 2026-2027, los frutos de nuestro trabajo”, manifestó Arce, destacando también el potencial del megacampo Mayaya X-1, que podría abrir una nueva perspectiva para el sector energético del país.
Críticas y problemas de abastecimiento
Sin embargo, la visión del gobierno contrasta con la realidad que enfrentan los sectores productivos y las evaluaciones de analistas. La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo) expresó su preocupación por la falta de diésel en plena época de cosecha y siembra.
Según la asociación, la entrega de diésel ULS (bajo en azufre) para medianos y grandes productores se encuentra paralizada desde hace varios días. La causa, según informes del sector, sería una interrupción en la producción de la planta de biodiésel de Santa Cruz, cuyo producto es necesario para la mezcla con el diésel fósil importado.
Un "fracaso estructural" según analistas
Expertos en hidrocarburos han calificado el programa de biocombustibles como un “fracaso”, argumentando que fue concebido más como una medida política que como una solución técnica y estructural. Raúl Velásquez, analista de la Fundación Jubileo, señaló que el proyecto no resuelve el problema de fondo: la subvención a los hidrocarburos y un precio fijo del barril de petróleo que desincentiva la inversión en exploración.
“El gobierno buscaba generar un parche, postergar la discusión sobre el problema de fondo”, opinó Velásquez, quien recordó que el único programa exitoso en este ámbito, el del etanol, fue impulsado por la inversión privada.
Por su parte, el analista Fernando Rodríguez cuestionó la viabilidad económica del proyecto, al considerar que destinar grandes volúmenes de soya para producir biodiésel es ineficiente. “Es mejor vender ese aceite en el exterior e importar el diésel”, concluyó, sugiriendo que el costo de oportunidad hace que la iniciativa no sea sostenible.
