La Cámara Automotor Boliviana (CAB) expresó su rechazo a una propuesta electoral para legalizar vehículos indocumentados, argumentando que la medida socavaría uno de los sectores formales que más contribuyen a la economía nacional y exacerbaría los problemas económicos existentes en el país.
La propuesta, impulsada por el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, fue calificada como “preocupante y lamentable” por Jhonny Salvatierra, presidente de la CAB. En declaraciones a EFE, Salvatierra sostuvo que la iniciativa “atenta contra las empresas formales” y genera una “desventaja muy grande” frente al comercio de vehículos ilegales, conocidos localmente como “chutos”.
Según estimaciones de la CAB, en Bolivia circulan aproximadamente un millón de vehículos indocumentados, una cifra que casi iguala a los 1,7 millones de automóviles de cuatro ruedas registrados legalmente, dentro de un parque automotor total de 2,5 millones de unidades. “Es un hecho que están acá, se trata de una avalancha”, afirmó Salvatierra.
El representante del sector automotriz advirtió que el debate sobre la posible legalización ya ha incentivado un mayor movimiento en las fronteras, donde grupos se dedican a la importación ilegal de estos vehículos, que a menudo están vinculados a redes de contrabando, robo y lavado de dinero. Por su parte, el candidato Paz ha sostenido que su planteamiento busca abordar una realidad social existente y no fomentar actividades ilícitas.
Salvatierra enfatizó que la solución no es la legalización, sino un control fronterizo más estricto. “Lo que nosotros pedimos es que controlen la frontera, porque pueden duplicar la cantidad que están trayendo”, indicó.
La CAB también alertó sobre las consecuencias macroeconómicas de la medida. Un aumento en el número de vehículos legales agravaría la presión sobre el suministro de combustibles subsidiados, como diésel y gasolina, cuya escasez ha sido un problema recurrente desde el año pasado. Además, impactaría la ya limitada liquidez de dólares que enfrenta el país desde 2023, lo que ha creado un mercado paralelo donde la divisa se cotiza muy por encima del tipo de cambio oficial.
Esta falta de dólares, explicó Salvatierra, ya complica la importación de unidades nuevas para las empresas formales. A esto se suma la renuencia de algunas firmas automotrices a enviar más vehículos al país debido a reclamos de clientes sobre averías en los motores, presuntamente causadas por la calidad del combustible local.
El sector automotriz formal genera anualmente cerca de 3.000 millones de dólares, de los cuales 500 millones corresponden a impuestos por la importación de vehículos nuevos, una fuente de ingresos que, según la CAB, estaría en riesgo.
