Una dura crítica a la regulación de tierras
El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Wálter Ruiz, dirigió un severo cuestionamiento a la normativa que regula la propiedad de la tierra en Bolivia, instando a los legisladores electos a promover leyes que fortalezcan al sector productivo. Ruiz calificó la figura de la Función Económica Social (FES) como un mecanismo de “extorsión”, argumentando que su evaluación cada dos años genera una profunda incertidumbre que desalienta la inversión a largo plazo.
“Con evaluaciones bianuales, la banca no quiere financiar al productor, porque asume que puede perder la tierra”, afirmó Ruiz. Sostuvo que este marco regulatorio disuade a las entidades financieras y expone a los productores a procesos de fiscalización que, según él, carecen de objetividad y pueden activarse con una simple denuncia. El dirigente recordó que el sector presentó hace más de seis meses un proyecto de ley para extender el período de evaluación de la FES a 10 años, una propuesta que permanece estancada en la Asamblea Legislativa.
Obstáculos para el financiamiento y la modernización
Ruiz también expuso las barreras que enfrentan los pequeños y medianos productores para acceder a créditos. Detalló que la imposibilidad de hipotecar predios ganaderos de menos de 500 hectáreas o agrícolas de menos de 50 hectáreas excluye del sistema financiero a cerca del 90% de los productores del país. “En la ciudad, una casa de 200 metros puede ser hipotecada, pero en el campo un terreno de 50 hectáreas, no. Eso es una injusticia que nos condena a la descapitalización”, cuestionó.
Además, reclamó el acceso a la biotecnología como una necesidad para competir a nivel regional. “Somos el punto negro en Sudamérica: todos producen más que nosotros porque su normativa lo permite”, subrayó, señalando la contradicción de que Bolivia importe alimentos elaborados con tecnología que sus propios productores tienen prohibido utilizar.
Inseguridad jurídica y mercados limitados
En materia comercial, el presidente de Fegasacruz criticó las restricciones a las exportaciones y la limitada apertura de mercados internacionales para la carne boliviana. Comparó la situación del país, con acceso a solo seis mercados, con la de vecinos como Uruguay o Paraguay, que superan los 70. Para revertir esta desventaja, propuso la creación de equipos técnicos especializados en la gestión de mercados, en lugar de nombramientos basados en criterios políticos.
Finalmente, abordó la inseguridad jurídica derivada de los avasallamientos e incendios forestales. Cuestionó específicamente el decreto 5203, que responsabiliza a los propietarios por los incendios en sus predios, independientemente de quién los haya originado. “No importa quién tiene el fósforo, sino por dónde pasa el fuego. Eso es injusto y nos convierte en culpables por defecto”, advirtió. En este sentido, pidió la reactivación de la Ley 1171 para determinar responsabilidades de manera más precisa y sancionar con mayor firmeza las quemas ilegales.
“Los productores solo pedimos reglas claras para invertir, producir y alimentar al país. Sin seguridad jurídica ni acceso a crédito, la pequeña y mediana producción está condenada a desaparecer”, concluyó Ruiz ante los legisladores.
