Reformas para la Certidumbre Jurídica
Tras la reconfiguración política resultante de las elecciones generales, el sector agropecuario de Bolivia ha iniciado un diálogo con los diputados y senadores recién electos para impulsar una agenda legislativa que, afirman, es crucial para el futuro productivo del país. Durante un encuentro en Santa Cruz, los productores presentaron dos demandas centrales: la ampliación a diez años del plazo para la verificación de la Función Económica Social (FES) de la tierra y la autorización para el uso de semillas genéticamente modificadas.
Representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y otras instituciones afines sostienen que estas medidas son indispensables para restaurar la certidumbre jurídica, desbloquear inversiones y, consecuentemente, incrementar la producción de alimentos y la generación de divisas para el país.
La Función Económica Social en Debate
Actualmente, la ley exige que la FES, que certifica que la tierra cumple un propósito productivo, sea verificada cada dos años. Según el sector, este corto plazo genera una inseguridad que limita el acceso al financiamiento. “Con evaluaciones tan frecuentes, la banca no concede créditos de largo plazo porque teme que el productor pierda su tierra”, argumentó la CAO en su propuesta. El cambio a un ciclo de diez años, señalan, permitiría a los productores apalancar inversiones a largo plazo en tecnología y mejoras de productividad.
Wálter Ruiz, presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), criticó la normativa vigente, calificando el sistema de verificación actual como un mecanismo de extorsión. “El hecho de que esta figura se evalúe cada dos años genera incertidumbre y desalienta la inversión”, afirmó. Ruiz recordó que el sector presentó un proyecto de ley con esta propuesta hace más de seis meses, el cual no ha avanzado en la legislatura.
Impulso a la Biotecnología y a la Inversión
La segunda demanda principal es la adopción de la biotecnología agrícola. Los productores solicitan la aprobación del uso de semillas mejoradas y el establecimiento de un decreto que habilite eventos transgénicos con un historial de uso seguro en otros mercados. Complementariamente, proponen la eliminación por cinco años del IVA y los aranceles a la importación de maquinaria, equipos, insumos y material genético.
Klaus Frerking, presidente de la CAO, destacó la importancia del sector para la economía nacional, indicando que aporta el 16% al Producto Interno Bruto (PIB), genera el 24% del empleo formal y produce casi una cuarta parte de las divisas del país. Sin embargo, enumeró una serie de obstáculos estructurales que enfrenta el agro, entre ellos la inseguridad jurídica por avasallamientos, trabas a las exportaciones, restricciones tecnológicas y la escasez de dólares y combustibles.
El encuentro concluyó con la firma de un acuerdo entre la CAO y los legisladores electos, quienes se comprometieron a trabajar en un nuevo marco legal. “Desde el sector productivo decimos con firmeza: queremos trabajar, invertir y producir. Pero necesitamos reglas claras, respeto a la propiedad privada, estabilidad económica y leyes que defiendan el derecho de cada boliviano a progresar”, concluyó un representante del sector.
