Preocupación por la gestión de fondos de pensiones
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) de Bolivia manifestó el viernes su preocupación e incertidumbre respecto a la administración de la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo. La organización advirtió que sus afiliados están evaluando suspender sus aportes para la jubilación debido a la falta de transparencia en las inversiones y a severas demoras administrativas.
Inversiones y falta de información
Un dirigente de la federación, Silverio Llanque, señaló que existe una particular desconfianza en torno a las operaciones financieras de la Gestora, específicamente aquellas destinadas a la adquisición de dólares para invertir en bonos del Banco Central. “Hay un vacío de información, creando la susceptibilidad de nuestros compañeros y algunos inclusive ya pensando en no aportar”, afirmó Llanque. Según los representantes, esta falta de claridad ha generado un clima de inseguridad sobre el manejo de sus fondos.
Retrasos en trámites y falta de supervisión
Además de las dudas financieras, Fencomin denunció un incumplimiento sistemático en los plazos para la calificación de trámites de invalidez, muerte y jubilación. Los afiliados, según el dirigente, enfrentan procesos prolongados. “Una solicitud que se ha presentado en junio de 2023 recién tendrá su dictamen en julio del 2025”, ejemplificó para ilustrar la magnitud de los retrasos.
La federación también criticó la ausencia de un directorio en la Gestora, un órgano que debería actuar como ente fiscalizador. Llanque atribuyó la responsabilidad de esta omisión a las autoridades del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, quienes por ley debían designar a sus miembros. También se apuntó a la responsabilidad del exgerente de la entidad, Jaime Durán, por presuntamente no haber hecho cumplir las normativas establecidas.
Ángel Ramos, secretario general de Fencomin, ratificó la postura del sector y confirmó que la posibilidad de dejar de aportar al sistema es una medida que se está evaluando seriamente ante la falta de respuestas y claridad por parte de la entidad estatal.