Bolivia cuenta con vastos recursos de minerales críticos, fundamentales para la transición energética global y el desarrollo sostenible, pero el estricto control estatal y la ausencia de políticas claras de sostenibilidad impiden que esta oportunidad se traduzca en un desarrollo tangible. El país posee una riqueza geológica que podría posicionarlo como un actor clave en la nueva economía verde, pero enfrenta serios obstáculos internos para su aprovechamiento.
Un reciente informe del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) destaca la posición privilegiada de la región en las reservas globales de estos minerales. Bolivia ocupa el primer lugar mundial en reservas de litio, con un 21,6% del total, mientras que Chile lidera en cobre (9%) y Argentina posee las segundas mayores reservas de litio (20,6%). Otros países como Perú, Brasil y Cuba también figuran con importantes reservas de cobre, níquel y cobalto, respectivamente. Los minerales críticos, como el litio y las tierras raras, son esenciales para la fabricación de tecnologías modernas, pero su suministro es limitado debido a la concentración geográfica y la alta demanda.
El reporte de la CAF subraya que Bolivia también tiene un gran potencial en tierras raras, con recursos identificados en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.
El enfoque de la sostenibilidad
Sin embargo, la explotación de estos recursos debe abordarse desde una perspectiva integral de sostenibilidad, según advierte Luisa Rivas, ejecutiva de la Dirección de Análisis Técnico y Sectorial de CAF. Este enfoque requiere un triple impacto: económico, social y ambiental. En lo económico, se busca generar cadenas de valor locales y promover la innovación. En lo social, es imperativo que los beneficios alcancen a las comunidades, respetando los derechos humanos y generando empleos de calidad. En el ámbito ambiental, el objetivo es minimizar el impacto mediante el uso de tecnologías limpias, la gestión eficiente del agua y la energía, y el reciclaje.
“El desafío de la región consiste en que estos recursos no se conviertan únicamente en materias primas extractivas de exportación, sino en palancas de transformación productiva y reindustrialización verde”, señala Rivas en el informe.
Una realidad sin condiciones
Expertos locales coinciden en que Bolivia no cumple con estos requisitos. Héctor Córdova, especialista en minería de la Fundación Jubileo, señala que aunque el país ha explotado minerales críticos como el cobre, el bismuto o el wólfram, lo ha hecho a una escala mínima. Un ejemplo es la fundición de Telamayu, que en su momento fue la principal productora de bismuto del mundo y hoy opera a menos del 1% de su capacidad.
“El Estado no tiene la posibilidad de hacer inversiones grandes ahora, las cooperativas tampoco y solo queda el sector privado”, afirma Córdova. “Pero para que venga ese capital tiene que haber condiciones, porque si invierten y después las cooperativas avasallan la mina, ¿quién va a venir así?”.
Córdova añade que si bien la minería tiene un impacto ambiental, las tecnologías modernas pueden mitigarlo, pero entidades estatales como la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) carecen de capacidad para invertir en investigación. A esto se suma el desafío social de operar en territorios con comunidades que tienen una vocación productiva preexistente.
Por su parte, el geólogo José Padilla sostiene que la actual Ley de Minería debe ser modificada por su carácter centralista. “No hay oportunidad para que el privado pueda pedir concesiones mineras para poder desarrollar tecnología y seguridad jurídica”, explica. Esta limitación impide explotar minerales de alto valor, como el iridio, una tierra rara presente en el país que, según Padilla, “vale 10 veces más que el oro”.
