El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha desestimado las preocupaciones sobre el anteproyecto de ley 547/2024-2025, que busca suspender temporalmente la ejecución de embargos y sentencias judiciales para prestatarios de créditos de vivienda de interés social. La cartera de Estado sostiene que la medida no compromete la solidez del sistema financiero, mientras que la banca privada advierte sobre posibles consecuencias negativas.
El proyecto, que actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no contempla una condonación de deudas ni una intervención en los contratos existentes, según el Gobierno. Se trata, en cambio, de una medida temporal y focalizada con una duración de seis meses, diseñada para que los prestatarios de vivienda social, así como micro y pequeños empresarios, puedan recuperar su capacidad económica y restablecer sus flujos de caja. La iniciativa responde a las solicitudes de sectores afectados por bloqueos, fenómenos climatológicos y conflictos sociales.
Para sustentar su posición, el Ministerio argumentó que las entidades financieras registraron una "utilidad histórica" superior a los $us 389 millones al cierre de la gestión 2024, la cifra más alta hasta la fecha. Según el Gobierno, esta solvencia permite al sector bancario respaldar medidas de alivio temporal. Además, se estima que el diferimiento potencial no superaría el 3% de la cartera total. A modo de comparación, las autoridades recordaron que en 2020 el diferimiento de créditos alcanzó el 10,4% de la cartera bruta, y que el saldo de dicha medida se sitúa actualmente en el 1,4%, lo que refleja una sólida cultura de pago.
Posición de Asoban
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) ha expresado su “profunda preocupación” por la propuesta legislativa. La entidad advierte que, lejos de solucionar los problemas económicos de la población, una nueva postergación forzosa de pagos podría provocar una “inevitable restricción del crédito”, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.
“En un momento de crítica situación económica, las empresas y familias requieren financiamiento para dar continuidad a sus actividades. Medidas como esta van en la dirección contraria”, manifestó la asociación en un comunicado. Asoban considera que la propuesta podría comprometer la estabilidad del sistema y limitar el acceso a nuevos financiamientos en un contexto que demanda mayor liquidez.
