Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adjudicó un contrato para el suministro de diésel a la empresa Botrading SA, a pesar de que esta se encontraba en una situación que, según la normativa de contrataciones estatales, le impediría participar en licitaciones por un año. La controversia surge después de que Botrading desistiera de un contrato anterior con la misma entidad estatal.
Según un informe sobre el proceso, el 24 de junio de 2025, YPFB había otorgado a Botrading un contrato para la provisión de 30 millones de litros de diésel y 20 millones de litros de gasolina. Sin embargo, el 11 de agosto, la compañía comunicó formalmente su desistimiento. La normativa vigente estipula que tal acción debió resultar en la inhabilitación automática de la empresa para participar en nuevos procesos de contratación por un año, además del registro de la sanción en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) y la ejecución de las garantías presentadas.
A pesar de esta circunstancia, entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre, YPFB lanzó tres nuevos procesos de compra. Uno de ellos, identificado con el código PAC-4094 para la adquisición de diésel, se caracterizó por plazos excepcionalmente cortos, de solo cuatro días hábiles, y la ausencia de etapas para consultas o reuniones de aclaración.
El 8 de septiembre, al abrir las propuestas para dicho proceso, se constató que Botrading fue la única empresa participante. Ese mismo día, un informe de selección de YPFB recomendó adjudicarle el contrato. El documento señala que la empresa fue eximida de presentar una garantía de seriedad de propuesta, un requisito que se omitió argumentando que el monto de la oferta era inferior a los 10 millones de dólares.
Antecedentes y fiscalización legislativa
Botrading ha sido objeto de controversia por presuntas irregularidades en sus contrataciones con el Estado. Una comisión de la Cámara de Diputados estimó previamente un posible daño económico al Estado de aproximadamente 355 millones de dólares, atribuido a diversas operaciones con la empresa. El informe actual sostiene que la compañía no solo estaba impedida de participar en la licitación, sino que también enfrenta una investigación penal en el país por contrataciones anteriores con YPFB.
El documento cuestiona que YPFB no haya registrado el incumplimiento de Botrading en el SICOES ni en sus propios sistemas, lo que le permitió a la empresa presentarse a la nueva convocatoria. Asimismo, plantea la interrogante sobre si la petrolera estatal ejecutó las garantías económicas correspondientes al desistimiento del primer contrato.
En respuesta a estas denuncias, la Presidencia de la Cámara de Diputados ha convocado a una sesión plenaria para este jueves a las 09:00, donde se considerará el informe final de la comisión especial que investiga las presuntas irregularidades en el suministro de diésel, gasolina y crudo a YPFB por parte de Botrading.
