En sus primeros cien días de gestión, el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira ha navegado entre el respaldo a medidas de ajuste fiscal drásticas y la creciente presión por reformas estructurales que aún no han sido formalizadas ante el Órgano Legislativo. La medida central de este periodo, y la más elogiada tanto por sectores aliados como por la oposición, ha sido la eliminación de la subvención a la gasolina y el diésel mediante el Decreto Supremo 5516, una decisión que marca un quiebre en la política económica de las últimas dos décadas.
Desde la administración central, el balance se presenta con optimismo. El Ejecutivo destaca no solo el fin de los subsidios a los carburantes, sino también la estabilización del tipo de cambio y un renovado acercamiento con organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF. Este giro diplomático y financiero ha despertado el interés de potencias como la Unión Europea y Estados Unidos, que ven en la nueva fase boliviana una oportunidad para la inversión y la cooperación estratégica.
Demandas de institucionalización y reformas pendientes
A pesar del avance en materia de precios de combustibles, la gestión enfrenta críticas por la continuidad de estructuras administrativas heredadas. Diversos sectores de la oposición señalan que el país aún opera bajo el marco jurídico y el Presupuesto General del Estado diseñado por la gestión anterior. La falta de nuevos proyectos de ley en áreas críticas como hidrocarburos, minería, tributación y el sector agropecuario es vista como una señal de pasividad por parte del Ejecutivo.
Asimismo, la persistencia de interinatos en entidades clave como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Aduana Nacional, el Banco Central de Bolivia y el Servicio de Impuestos Nacionales genera incertidumbre. Voces críticas dentro del espectro político exigen que se acelere el ritmo de la institucionalización mediante la designación por méritos de profesionales competentes, argumentando que el cambio votado en las urnas debe reflejarse en una renovación profunda de la administración pública.
Perspectivas económicas y tensiones políticas
En el ámbito legislativo, las opiniones están divididas. Mientras algunos parlamentarios destacan señales de previsibilidad en el tipo de cambio y una reducción en las filas para el abastecimiento de diésel, otros advierten que la crisis económica aún no ha sido resuelta para el ciudadano de a pie. El incremento en el precio de productos básicos como la carne y el pan, junto con cuestionamientos sobre la calidad de los nuevos combustibles importados, forman parte del debate público actual.
Desde el Ministerio de la Presidencia se ha manifestado una apertura al diálogo democrático para impulsar leyes fundamentales, calificando de positiva la disposición de las fuerzas parlamentarias para debatir reformas estructurales. No obstante, el intercambio de reproches entre figuras del Ejecutivo y líderes de la oposición subraya la fragilidad del consenso político. Mientras el gobierno defiende que ha logrado estabilizar una situación económica que califica de dramática, sus detractores insisten en que los 100 días son apenas el comienzo de una reconstrucción que demandará mayor decisión y transparencia en el manejo de los recursos estatales.
